La Guardia Civil intervino activamente durante la celebración del VII Rallye de Pontevedra con un amplio dispositivo de seguridad que se saldó con 67 denuncias a conductores. El operativo, desarrollado entre el 6 y 7 de junio en los municipios de Cerdedo-Cotobade, Moraña, Meaño, Barro y Sanxenxo, tenía como objetivo garantizar la seguridad vial tanto en los tramos cronometrados como en las vías de enlace entre las diferentes etapas de la competición.

Los agentes del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) comenzaron las actuaciones el viernes 6 con la verificación técnica de los vehículos participantes. Durante la jornada competitiva del sábado 7, se desplegaron patrullas uniformadas y vehículos camuflados que realizaron controles de velocidad, alcoholemia y drogas. La vigilancia se centró especialmente en asegurar el cumplimiento de las normas de tráfico en los tramos abiertos al tráfico general.

Entre las infracciones detectadas destacan 40 denuncias por exceso de velocidad, 20 por incumplimiento de normativa de circulación, 3 por infracciones al Reglamento General de Vehículos, 2 por irregularidades en permisos de conducción y 1 por carecer de seguro obligatorio. Resulta especialmente significativo que tres de estas denuncias fueron por conducción temeraria, dos de ellas impuestas a participantes del rally cuando circulaban por tramos abiertos al público, lo que podría suponerles una sanción de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

Durante el desarrollo de la prueba se produjo un incidente relevante cuando uno de los vehículos participantes se incendió mientras era trasladado entre tramos de competición. El suceso ocurrió en una zona de curvas con escasa visibilidad, lo que obligó a los agentes presentes a intervenir para retirar el vehículo y restablecer la circulación con normalidad.

La Guardia Civil ha querido recordar a través de un comunicado que en los tramos de enlace de este tipo de competiciones deportivas, tanto los participantes como el público en general están obligados a cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y seguridad vial. Este tipo de dispositivos especiales buscan precisamente garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía durante el desarrollo de eventos que generan un importante incremento del tráfico en las carreteras afectadas.