Galicia
La Xunta desconfía del CSN y exige saber “la verdad” sobre los bidones nucleares del Atlántico
Tras conocer el Informe de la vigilancia radiológica de las aguas costeras españolas
El organismo regulador responde a la Xunta tras su solicitud de información y confirma que los niveles están "muy por debajo de los límites legales"
Mientras el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asegura que no existe riesgo radiológico en las costas gallegas por los vertidos históricos de residuos nucleares en el Atlántico, la Xunta de Galicia mantiene su preocupación por la falta de información oficial sobre el estado de los bidones depositados en la zona hace décadas. La discrepancia entre ambas instituciones quedó patente en la última reunión de la comisión mixta de seguimiento, donde el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, reclamó mayor transparencia y colaboración.
El CSN, en respuesta a la solicitud de la Xunta, ha reiterado que los niveles de radiactividad registrados en los controles radiológicos realizados en las aguas gallegas están “muy por debajo de los límites legales” y no suponen ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente. Los datos, recogidos en tres puntos de muestreo de la costa gallega y analizados en colaboración con el Cedex y otros organismos, se remiten anualmente a la Comisión Europea y a la Convención OSPAR, y están disponibles públicamente en la plataforma KEEPER.
![[Img #96611]](https://xornal21.com/upload/images/07_2025/1088_5211_20250701_comision-mixta-de-galicia.jpg)
No obstante, desde el Gobierno gallego se insiste en que Galicia debe ser informada de forma institucional y directa sobre los avances en torno a los residuos depositados en la Fosa Atlántica, especialmente en relación con la campaña científica impulsada por Francia. Villanueva apeló a la “lealtad institucional” y recordó que, aunque la gestión de residuos nucleares no es competencia autonómica, sí se trata de un asunto que afecta a la ciudadanía gallega y requiere un seguimiento riguroso.
El CSN aclara que los residuos fueron arrojados entre 1949 y 1982 por ocho países europeos, pero no por España, y que se encuentran a más de 750 kilómetros de la costa, a profundidades de entre 3.000 y 5.000 metros. A pesar de ello, mantiene un sistema de vigilancia constante para detectar cualquier posible alteración, en coordinación con organismos como Costas, Puertos del Estado o Salvamento Marítimo.
Durante la reunión también se abordó el balance de inspecciones en Galicia durante 2024, con un total de 60 controles, y se fijó el plan de trabajo para 2025, que contempla 64 nuevas inspecciones, incluidas las relativas al transporte y uso médico de material radiactivo. La Xunta reiteró su voluntad de continuar colaborando con el CSN, pero subrayó la necesidad de una mayor agilidad informativa en temas tan sensibles como el seguimiento de los residuos nucleares sumergidos.
La tensión institucional en torno a este asunto evidencia el delicado equilibrio entre la garantía técnica ofrecida por el Estado y la exigencia de información por parte de las autoridades gallegas, que buscan asegurar la confianza ciudadana en la gestión de un problema ambiental de larga duración.

Mientras el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asegura que no existe riesgo radiológico en las costas gallegas por los vertidos históricos de residuos nucleares en el Atlántico, la Xunta de Galicia mantiene su preocupación por la falta de información oficial sobre el estado de los bidones depositados en la zona hace décadas. La discrepancia entre ambas instituciones quedó patente en la última reunión de la comisión mixta de seguimiento, donde el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, reclamó mayor transparencia y colaboración.
El CSN, en respuesta a la solicitud de la Xunta, ha reiterado que los niveles de radiactividad registrados en los controles radiológicos realizados en las aguas gallegas están “muy por debajo de los límites legales” y no suponen ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente. Los datos, recogidos en tres puntos de muestreo de la costa gallega y analizados en colaboración con el Cedex y otros organismos, se remiten anualmente a la Comisión Europea y a la Convención OSPAR, y están disponibles públicamente en la plataforma KEEPER.
No obstante, desde el Gobierno gallego se insiste en que Galicia debe ser informada de forma institucional y directa sobre los avances en torno a los residuos depositados en la Fosa Atlántica, especialmente en relación con la campaña científica impulsada por Francia. Villanueva apeló a la “lealtad institucional” y recordó que, aunque la gestión de residuos nucleares no es competencia autonómica, sí se trata de un asunto que afecta a la ciudadanía gallega y requiere un seguimiento riguroso.
El CSN aclara que los residuos fueron arrojados entre 1949 y 1982 por ocho países europeos, pero no por España, y que se encuentran a más de 750 kilómetros de la costa, a profundidades de entre 3.000 y 5.000 metros. A pesar de ello, mantiene un sistema de vigilancia constante para detectar cualquier posible alteración, en coordinación con organismos como Costas, Puertos del Estado o Salvamento Marítimo.
Durante la reunión también se abordó el balance de inspecciones en Galicia durante 2024, con un total de 60 controles, y se fijó el plan de trabajo para 2025, que contempla 64 nuevas inspecciones, incluidas las relativas al transporte y uso médico de material radiactivo. La Xunta reiteró su voluntad de continuar colaborando con el CSN, pero subrayó la necesidad de una mayor agilidad informativa en temas tan sensibles como el seguimiento de los residuos nucleares sumergidos.
La tensión institucional en torno a este asunto evidencia el delicado equilibrio entre la garantía técnica ofrecida por el Estado y la exigencia de información por parte de las autoridades gallegas, que buscan asegurar la confianza ciudadana en la gestión de un problema ambiental de larga duración.
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