GALICIA
El Colegio de Abogados recurreel decreto que centraliza los casos de violencia de género en Santiago
El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 422/2025, en el que solicita la nulidad de los artículos 6 y 1-F. Estas disposiciones extienden la competencia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela a los partidos judiciales de Ribeira, Muros y Noia.
La institución colegial considera que esta medida supone una grave vulneración de los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género, al obligarlas a desplazarse fuera de su localidad —en algunos casos hasta 70 kilómetros— para acceder a la protección judicial. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 esta medida habría afectado a 314 mujeres, dificultando su derecho de defensa, acceso a asistencia letrada, y aumentando el riesgo de revictimización.
El Colegio advierte que el decreto contradice directamente la medida 169 del Pacto de Estado contra la violencia de género 2025, que prioriza la atención cercana a las víctimas. También denuncia el incumplimiento de compromisos internacionales como la Convención CEDAW de Naciones Unidas y su Recomendación General nº 34, que exige a los Estados garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres que viven en entornos rurales.
Además, la estadística judicial refuerza los argumentos del recurso. Los partidos de Noia, Ribeira y Muros presentan una carga de trabajo en violencia de género superior a la de Santiago, así como tasas más elevadas de víctimas por población femenina. Lejos de justificar la centralización, estos datos —según el Colegio— evidencian la necesidad de reforzar las infraestructuras existentes en lugar de suprimirlas.
El recurso también hace hincapié en las dificultades que esta reorganización generará para el servicio público de asistencia jurídica gratuita, así como para garantizar una unidad de defensa letrada en los casos más sensibles, como son los de violencia de género. En este sentido, se alerta del perjuicio directo que sufrirán los abogados y abogadas adscritos a estos partidos judiciales.
“No se trata de reclamar privilegios, sino de evitar un grave perjuicio para un número considerable de mujeres víctimas de violencia de género”, expone el escrito presentado ante el Supremo. Por ello, el Colegio ha solicitado como medida cautelar la suspensión de la aplicación del artículo 6 del decreto, cuya entrada en vigor está prevista para el 31 de diciembre de 2025.
El Colegio de Abogados de A Coruña reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia de género, pero reclama que esta lucha se aborde respetando los derechos fundamentales de las víctimas y preservando servicios judiciales locales que han demostrado ser eficaces y cercanos.
Sobre el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Fundado en 1774, es el colegio de abogados más antiguo de Galicia y el segundo de España. Tiene su sede principal en A Coruña y cuenta con delegaciones en todos los partidos judiciales de su ámbito territorial: A Coruña, Betanzos, Carballo, Corcubión, Muros, Noia y Ribeira. Reconocido como corporación de derecho público, vela por los intereses de la abogacía y la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en el ámbito de la justicia gratuita y la atención a colectivos vulnerables.
El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 422/2025, en el que solicita la nulidad de los artículos 6 y 1-F. Estas disposiciones extienden la competencia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela a los partidos judiciales de Ribeira, Muros y Noia.
La institución colegial considera que esta medida supone una grave vulneración de los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género, al obligarlas a desplazarse fuera de su localidad —en algunos casos hasta 70 kilómetros— para acceder a la protección judicial. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 esta medida habría afectado a 314 mujeres, dificultando su derecho de defensa, acceso a asistencia letrada, y aumentando el riesgo de revictimización.
El Colegio advierte que el decreto contradice directamente la medida 169 del Pacto de Estado contra la violencia de género 2025, que prioriza la atención cercana a las víctimas. También denuncia el incumplimiento de compromisos internacionales como la Convención CEDAW de Naciones Unidas y su Recomendación General nº 34, que exige a los Estados garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres que viven en entornos rurales.
Además, la estadística judicial refuerza los argumentos del recurso. Los partidos de Noia, Ribeira y Muros presentan una carga de trabajo en violencia de género superior a la de Santiago, así como tasas más elevadas de víctimas por población femenina. Lejos de justificar la centralización, estos datos —según el Colegio— evidencian la necesidad de reforzar las infraestructuras existentes en lugar de suprimirlas.
El recurso también hace hincapié en las dificultades que esta reorganización generará para el servicio público de asistencia jurídica gratuita, así como para garantizar una unidad de defensa letrada en los casos más sensibles, como son los de violencia de género. En este sentido, se alerta del perjuicio directo que sufrirán los abogados y abogadas adscritos a estos partidos judiciales.
“No se trata de reclamar privilegios, sino de evitar un grave perjuicio para un número considerable de mujeres víctimas de violencia de género”, expone el escrito presentado ante el Supremo. Por ello, el Colegio ha solicitado como medida cautelar la suspensión de la aplicación del artículo 6 del decreto, cuya entrada en vigor está prevista para el 31 de diciembre de 2025.
El Colegio de Abogados de A Coruña reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia de género, pero reclama que esta lucha se aborde respetando los derechos fundamentales de las víctimas y preservando servicios judiciales locales que han demostrado ser eficaces y cercanos.
Sobre el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Fundado en 1774, es el colegio de abogados más antiguo de Galicia y el segundo de España. Tiene su sede principal en A Coruña y cuenta con delegaciones en todos los partidos judiciales de su ámbito territorial: A Coruña, Betanzos, Carballo, Corcubión, Muros, Noia y Ribeira. Reconocido como corporación de derecho público, vela por los intereses de la abogacía y la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en el ámbito de la justicia gratuita y la atención a colectivos vulnerables.
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