Galicia
Así es el reparto "injusto e insolidario" de menores migrantes impuesto por el Gobierno central
La Xunta de Galicia ha expresado este lunes su total rechazo al plan del Gobierno de Pedro Sánchez para imponer unilateralmente el acogimiento de 317 menores migrantes en la comunidad gallega sin la financiación necesaria para garantizar su atención. La crítica se formalizó en la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid, con la participación del director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey.
El Ejecutivo autonómico acusa al Gobierno central de ejecutar un reparto arbitrario y políticamente condicionado, pactado solo con Cataluña y el País Vasco, que quedarían exentas de acoger a estos menores. Galicia, en cambio, se enfrenta a una imposición que considera injusta y desequilibrada, más aún al no contar con apoyo económico estatal más allá de un escaso periodo de tres meses.
“La atención a estos niños y adolescentes no puede garantizarse sin recursos”, advierte la Xunta, que critica que el Ministerio de Juventud e Infancia traslade toda la carga financiera a las comunidades autónomas, vulnerando así la autonomía competencial y desbordando un sistema de protección ya sobresaturado al 108%.
Desde la Consellería de Política Social e Igualdade, dirigida por Fabiola García, se denuncia que esta decisión rompe con la tradición de consenso y cooperación interterritorial. “El Gobierno ha renunciado al diálogo para imponer un Real Decreto-Ley que invade competencias autonómicas”, ha recordado Rey, en alusión al recurso presentado por Galicia ante el Tribunal Constitucional, en coordinación con diez comunidades autónomas, gobernadas por el PP y también por el PSOE.
La Xunta insiste en que no aceptará una distribución ni negociada ni consensuada, que pone en riesgo la calidad de la atención a menores ya tutelados y que ignora deliberadamente las limitaciones del sistema de protección gallego. “Imponer sin escuchar no es gobernar, es desmantelar el principio de cogobernanza que tanto se reivindica cuando conviene”, subrayó Jacobo Rey.
Con este nuevo enfrentamiento, Galicia reafirma su posición frente a una estrategia estatal que considera opaca, injusta e insolidaria, y exige una revisión urgente del reparto y garantías de financiación para proteger los derechos de los menores sin deteriorar los servicios sociales autonómicos.
La Xunta de Galicia ha expresado este lunes su total rechazo al plan del Gobierno de Pedro Sánchez para imponer unilateralmente el acogimiento de 317 menores migrantes en la comunidad gallega sin la financiación necesaria para garantizar su atención. La crítica se formalizó en la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid, con la participación del director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey.
El Ejecutivo autonómico acusa al Gobierno central de ejecutar un reparto arbitrario y políticamente condicionado, pactado solo con Cataluña y el País Vasco, que quedarían exentas de acoger a estos menores. Galicia, en cambio, se enfrenta a una imposición que considera injusta y desequilibrada, más aún al no contar con apoyo económico estatal más allá de un escaso periodo de tres meses.
“La atención a estos niños y adolescentes no puede garantizarse sin recursos”, advierte la Xunta, que critica que el Ministerio de Juventud e Infancia traslade toda la carga financiera a las comunidades autónomas, vulnerando así la autonomía competencial y desbordando un sistema de protección ya sobresaturado al 108%.
Desde la Consellería de Política Social e Igualdade, dirigida por Fabiola García, se denuncia que esta decisión rompe con la tradición de consenso y cooperación interterritorial. “El Gobierno ha renunciado al diálogo para imponer un Real Decreto-Ley que invade competencias autonómicas”, ha recordado Rey, en alusión al recurso presentado por Galicia ante el Tribunal Constitucional, en coordinación con diez comunidades autónomas, gobernadas por el PP y también por el PSOE.
La Xunta insiste en que no aceptará una distribución ni negociada ni consensuada, que pone en riesgo la calidad de la atención a menores ya tutelados y que ignora deliberadamente las limitaciones del sistema de protección gallego. “Imponer sin escuchar no es gobernar, es desmantelar el principio de cogobernanza que tanto se reivindica cuando conviene”, subrayó Jacobo Rey.
Con este nuevo enfrentamiento, Galicia reafirma su posición frente a una estrategia estatal que considera opaca, injusta e insolidaria, y exige una revisión urgente del reparto y garantías de financiación para proteger los derechos de los menores sin deteriorar los servicios sociales autonómicos.
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