Fabiola García denuncia que la Xunta tendrá que asumir el 100% del coste de la atención a menores migrantes
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, denunció que la Xunta de Galicia tendrá que asumir el 100% de los costes de atención y bienestar de los menores migrantes que el Gobierno central pretende trasladar a la comunidad gallega. Así lo manifestó en el Parlamento gallego al responder a una pregunta oral sobre este asunto.
García recordó que, en la Comisión Sectorial de Infancia y Juventud celebrada este martes, el Ejecutivo central confirmó que Galicia no recibirá financiación para cubrir los gastos derivados de la acogida de estos menores. Según explicó, el Ministerio de Juventud e Infancia solo aportará fondos a las comunidades autónomas para la preparación de los trámites de recepción, pero no para su manutención y protección.
La conselleira reiteró que este reparto es "arbitrario y sin consenso", ya que responde únicamente a los acuerdos del Gobierno central con sus socios políticos. Como ejemplo, destacó que, mientras Galicia estaría obligada a acoger a 317 menores, comunidades como el País Vasco o Cataluña no tendrían que recibir a ninguno, según la distribución planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En este sentido, Fabiola García advirtió de que Galicia "no aceptará esta imposición" y recordó que la Xunta, junto a otras diez comunidades autónomas de distintos signos políticos, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. La demanda argumenta que el Gobierno está invadiendo competencias autonómicas al imponer este reparto mediante un Real Decreto-Ley, cuando la protección de menores es responsabilidad de las comunidades.
Además, la conselleira subrayó que el sistema gallego de protección de menores ya se encuentra sobreocupado al 108%, por lo que no está en condiciones de asumir más acogidas. Criticó que, "una vez más, el Ejecutivo central opte por la imposición en lugar del diálogo", en contraste con los anteriores repartos negociados, en los que Galicia siempre cumplió.
La Xunta mantiene su rechazo a este plan y exige al Gobierno central que rectifique y garantice una distribución justa y consensuada, con los recursos económicos necesarios para atender adecuadamente a los menores.
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, denunció que la Xunta de Galicia tendrá que asumir el 100% de los costes de atención y bienestar de los menores migrantes que el Gobierno central pretende trasladar a la comunidad gallega. Así lo manifestó en el Parlamento gallego al responder a una pregunta oral sobre este asunto.
García recordó que, en la Comisión Sectorial de Infancia y Juventud celebrada este martes, el Ejecutivo central confirmó que Galicia no recibirá financiación para cubrir los gastos derivados de la acogida de estos menores. Según explicó, el Ministerio de Juventud e Infancia solo aportará fondos a las comunidades autónomas para la preparación de los trámites de recepción, pero no para su manutención y protección.
La conselleira reiteró que este reparto es "arbitrario y sin consenso", ya que responde únicamente a los acuerdos del Gobierno central con sus socios políticos. Como ejemplo, destacó que, mientras Galicia estaría obligada a acoger a 317 menores, comunidades como el País Vasco o Cataluña no tendrían que recibir a ninguno, según la distribución planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En este sentido, Fabiola García advirtió de que Galicia "no aceptará esta imposición" y recordó que la Xunta, junto a otras diez comunidades autónomas de distintos signos políticos, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. La demanda argumenta que el Gobierno está invadiendo competencias autonómicas al imponer este reparto mediante un Real Decreto-Ley, cuando la protección de menores es responsabilidad de las comunidades.
Además, la conselleira subrayó que el sistema gallego de protección de menores ya se encuentra sobreocupado al 108%, por lo que no está en condiciones de asumir más acogidas. Criticó que, "una vez más, el Ejecutivo central opte por la imposición en lugar del diálogo", en contraste con los anteriores repartos negociados, en los que Galicia siempre cumplió.
La Xunta mantiene su rechazo a este plan y exige al Gobierno central que rectifique y garantice una distribución justa y consensuada, con los recursos económicos necesarios para atender adecuadamente a los menores.
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