El Senado y el derroche institucional: ¿privilegios democráticos o agravio social?

En un país donde millones de ciudadanos se aprietan el cinturón para costear sus desplazamientos diarios, el Senado español ha hecho lo contrario: lo ha aflojado. Según los datos del primer semestre de 2025, la Cámara Alta ha destinado unos 950.000,00 euros solo en desplazamientos. Y eso sin contar que enero fue mes inhábil, lo que convierte el gasto en un récord tan histórico como cuestionable.

 Los parlamentarios gozan de privilegios que ya no sorprenden, pero sí indignan. A cada senador se le asigna una Tarjeta-Taxi con un límite anual de 3.000 euros, y si deciden moverse en su coche particular, reciben 0,25 céntimos por kilómetro, más peajes. Todo esto, por supuesto, aparte del salario, dietas y otros beneficios

La distancia entre clase política y ciudadanía no es solo ideológica: es también logística. Mientras cualquier trabajador debe financiar de su bolsillo el transporte, la comida en ruta o las estancias laborales, sus Señorías se desplazan, comen y duermen con cargo al erario. El doble rasero es evidente y la comparación inevitable.

Y nos planteamos una serie de preguntas: ¿Son representantes o beneficiarios del sistema?, ¿Es coherente que quienes legislan vivan bajo reglas que no aplican al resto?, ¿Tiene sentido que el gasto público se normalice en conceptos que ni el sector privado asume?,¿Dónde queda la austeridad institucional?

El fondo del debate no es si nuestros representantes deben tener facilidades. Es si el uso de fondos públicos responde a un criterio de utilidad y equidad, o si se ha institucionalizado el privilegio como parte del cargo. El Senado, como símbolo de representación territorial, debiera ser ejemplo de moderación y conexión con las realidades que afectan a sus representados.

Pero cuando el kilometraje pagado y los trayectos en taxi superan lo razonable —más aún en un país con problemas de vivienda, inflación y desempleo— el mensaje que se transmite no es político: es cultural. Una cultura de la impunidad presupuestaria, del privilegio normalizado y de la distancia social.

 Los ciudadanos no esperan milagros del Senado. Pero al menos merecen transparencia, coherencia y respeto. Porque cuando quienes hacen las leyes se colocan fuera de ellas, lo que falla no es el presupuesto: falla el sistema democrático.