Mientras los españoles se desesperan por pagar un alquiler imposible o por encontrar una vivienda digna, el Gobierno de España ha encontrado la fórmula mágica para tapar sus problemas: contratar más asesores. Nunca antes en la democracia un Ejecutivo había gastado tanto en mantener una corte de incondicionales. Los datos son obscenos: 924 asesores, con un coste que roza los 80 millones de euros anuales. Solo Sánchez y Bolaños acumulan 471, más que ningún otro presidente en la historia.

Pero lo verdaderamente escandaloso es el contraste con la vida real. Familias enteras malviven en pisos compartidos, jóvenes ven cómo el 60% de su sueldo se esfuma en pagar un alquiler abusivo, y ancianos se ven obligados a elegir entre comer o pagar el alquiler. Mientras tanto, en La Moncloa no hay crisis que valga: el presupuesto para secretarias de confianza, jefes de protocolo y asesores varios sigue creciendo como si el dinero público brotara de un manantial inagotable.

Vivienda inalcanzable vs. asesores a tutiplén

El problema de la vivienda no es una prioridad para este Gobierno. Lo demuestran sus acciones –o mejor dicho, su inacción–. Prometieron leyes para frenar los alquileres abusivos, pero los precios siguen disparados. Hablaron de vivienda social, pero España sigue a la cola de Europa en protección residencial. Mientras, en los despachos oficiales no falta espacio: hay sitio para 300 empleados eventuales que realizan funciones que cualquier funcionario podría hacer, pero con el añadido de ser nombrados a dedo y cobrar sueldos que duplican el salario medio español.

Es el doble rasero de un Gobierno que presume de progresismo pero practica el clientelismo más rancio. Mientras un joven debe emigrar porque no puede pagar un piso, los políticos se rodean de asesores que superan los 60.000 euros anuales sin haber pasado una oposición. Mientras las familias se asfixian, el gobierno amplía su red de enchufados.

80 millones en asesores mientras usted elige entre comer o pagar el alquiler

No es solo un derroche, es una estafa a los contribuyentes. Cada asesor innecesario es un puesto que podría destinarse a un médico, un profesor o un trabajador social. Cada millón malgastado en asesorías fantasma es un millón que falta para construir viviendas asequibles o para subvencionar el transporte público.

Pero Sánchez no gobierna para el ciudadano, gobierna para perpetuarse. Y su fórmula es clara: cuanto más amplíe su red de influencias, más difícil será que alguien le pida cuentas. Por eso se gasta millones en asesores mientras ignora los problemas reales. Por eso lleva a los tribunales a quien pide transparencia. Por eso España sigue siendo un país donde la vivienda es un lujo y el enchufismo, un derecho.

Cuando el privilegio es política de Estado

Este Gobierno ha convertido el dinero público en moneda de cambio para comprar lealtades. Mientras la gente sufre, ellos montan su fiesta particular con fondos que no son suyos. No es solo incompetencia, es cinismo en estado puro.

Los españoles merecen respuestas, no más asesores. Merecen viviendas, no excusas. Y sobre todo, merecen un Gobierno que deje de robarles el presente mientras les vende un futuro que nunca llega. Porque mientras se siga contratando amigos, el único hogar que muchos podrán permitirse será el sofá de sus padres. Y eso no es progreso, es miseria planificada.