Galicia
Bruselas declara ilegal la prórroga de las concesiones de la AP-9 y AP-66 y da un ultimátum a España
La Comisión Europea exige al Gobierno español que rectifique las "irregularidades" en las autopistas gallegas y leonas, advirtiendo de posibles sanciones si no cumple en dos meses.
La Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado contra España por considerar que las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 (Galicia) y AP-66 (León-Asturias) incumplen la normativa europea sobre contratación pública. Bruselas sostiene que las extensiones otorgadas sin concurso público —hasta 2048 en la AP-9 y por 29 años en la AP-66— equivalen a nuevos contratos y debían haberse sometido a licitación.
El origen del conflicto
El caso se remonta a 2019, cuando el Gobierno español amplió las concesiones de ambas autopistas sin abrir un proceso competitivo, algo que la UE considera una "modificación sustancial" ilegal. La denuncia fue impulsada por la asociación gallega En Colectivo, que lleva seis años luchando por la eliminación de los peajes. Bruselas ahora exige que España rectifique las irregularidades en un plazo de dos meses; de lo contrario, llevará el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La postura del Gobierno español
El Ministerio de Transportes ha respondido que el dictamen "no anula las prórrogas" y que estudiará recurrir. Fuentes del ministerio señalaron que la extensión de la AP-9 fue aprobada en 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP), trasladando así la responsabilidad política a los ejecutivos conservadores.
Presión desde Galicia
En Colectivo ha pedido la anulación inmediata de la concesión de la AP-9, argumentando que los peajes suponen un "lastre económico" para los gallegos. Bruselas respalda esta postura, insistiendo en que España vulneró los principios de transparencia e igualdad de trato.
¿Qué pasa ahora?
Si España no actúa en dos meses, la Comisión podría llevar el caso al TJUE, lo que podría derivar en multas millonarias. Mientras, el Gobierno analiza sus opciones legales, aunque la presión europea y social podría forzar un cambio en la gestión de estas autopistas.
La Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado contra España por considerar que las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 (Galicia) y AP-66 (León-Asturias) incumplen la normativa europea sobre contratación pública. Bruselas sostiene que las extensiones otorgadas sin concurso público —hasta 2048 en la AP-9 y por 29 años en la AP-66— equivalen a nuevos contratos y debían haberse sometido a licitación.
El origen del conflicto
El caso se remonta a 2019, cuando el Gobierno español amplió las concesiones de ambas autopistas sin abrir un proceso competitivo, algo que la UE considera una "modificación sustancial" ilegal. La denuncia fue impulsada por la asociación gallega En Colectivo, que lleva seis años luchando por la eliminación de los peajes. Bruselas ahora exige que España rectifique las irregularidades en un plazo de dos meses; de lo contrario, llevará el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La postura del Gobierno español
El Ministerio de Transportes ha respondido que el dictamen "no anula las prórrogas" y que estudiará recurrir. Fuentes del ministerio señalaron que la extensión de la AP-9 fue aprobada en 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP), trasladando así la responsabilidad política a los ejecutivos conservadores.
Presión desde Galicia
En Colectivo ha pedido la anulación inmediata de la concesión de la AP-9, argumentando que los peajes suponen un "lastre económico" para los gallegos. Bruselas respalda esta postura, insistiendo en que España vulneró los principios de transparencia e igualdad de trato.
¿Qué pasa ahora?
Si España no actúa en dos meses, la Comisión podría llevar el caso al TJUE, lo que podría derivar en multas millonarias. Mientras, el Gobierno analiza sus opciones legales, aunque la presión europea y social podría forzar un cambio en la gestión de estas autopistas.
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