El Gobierno central ha decidido no tomar medidas inmediatas sobre la gestión de la AP-9, a pesar del reciente informe de la Comisión Europea que cuestiona la legalidad de la prórroga de su concesión. Fuentes oficiales señalaron que el dictamen no es vinculante y que aún están evaluando posibles recursos, aunque recordaron que la ampliación del contrato fue una decisión adoptada en su momento por el Partido Popular.

Desde la Delegación del Gobierno en Galicia se insistió en que el compromiso con los usuarios sigue vigente, especialmente en lo que respecta a las bonificaciones para los conductores habituales. "Nuestra prioridad es garantizar una movilidad accesible mientras se avanza hacia un modelo más justo", afirmaron.

Presión política para un cambio de modelo

La formación galleguista BNG ha sido la más crítica con la postura del Ejecutivo, exigiendo que se cumpla sin demora lo indicado por Europa. "No tiene sentido alargar un proceso que solo perjudica a los ciudadanos", argumentó su portavoz, quien recordó que las instituciones comunitarias ya han señalado irregularidades en la concesión.

Por su parte, tanto el PSdeG como el PPdeG coincidieron en la necesidad de eliminar progresivamente los peajes, aunque con matices. Los socialistas gallegos confían en que un eventual fallo definitivo allanará el camino para la municipalización de la autopista, mientras que los populares instaron al Gobierno a "hacer realidad sus promesas" de gratuidad.

Una infraestructura clave

La AP-9, que conecta Ferrol con Tui, es una de las vías más transitadas del noroeste peninsular, con más de 100 millones de vehículos al año. Su futuro sigue en el aire mientras administraciones y partidos buscan una solución que satisfaga tanto las exigencias legales como las demandas sociales.