Galicia
El cupo independentista costaría a Galicia el equivalente a dos años de dependencia
Un informe de la Xunta alerta que el modelo bilateral para Cataluña supondría pérdidas de más de 600 millones anuales.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió esta semana que el sistema de cupo reclamado por los independentistas catalanes tendría un impacto devastador en las arcas gallegas, con pérdidas equivalentes al coste de dos años completos de prestaciones por dependencia. Según un informe presentado en el Consello da Xunta, la salida de Cataluña del actual modelo de financiación supondría para Galicia un menoscabo económico superior a 600 millones anuales, cifra que podría superar los 2.000 millones si el sistema se extendiera al resto de comunidades autónomas.
El análisis, elaborado por la Consellería de Facenda y organismos independientes como Fedea, revela que este modelo bilateral "pondría en peligro servicios básicos" como la educación pública no universitaria —cuyo presupuesto anual equivale a los 2.000 millones que Galicia podría perder— o la sanidad, donde esa cantidad representa dos años de financiación farmacéutica. Rueda subrayó que el acuerdo catalán "rompe con los principios de solidaridad" al vincular los recursos al potencial recaudatorio de cada territorio, lo que generaría "ciudadanos de primera y de segunda" según su lugar de residencia.
El mecanismo, inspirado en el concierto vasco, permitiría a Cataluña recaudar todos sus tributos y transferir solo una parte al Estado. Esto "fragmentaría" la Agencia Tributaria y "debilitaría la lucha contra el fraude fiscal", según denunciaron inspectores de Hacienda. La Xunta lleva años reclamando una reforma multilateral del sistema en el Consejo de Política Fiscal, no negociaciones bilaterales.
Esta postura fue refrendada la semana pasada en una declaración conjunta con Extremadura, que retoma los principios de la Declaración de Santiago de 2016. Rueda insistió en que "Galicia no aceptará recortes encubiertos" en su financiación, especialmente cuando el actual modelo ya "no cubre sus necesidades". El informe señala que los 600 millones en riesgo equivalen a los presupuestos combinados de las consellerías de Medio Ambiente y Economía, o a cinco años de transporte escolar.
La Xunta alerta de que el precedente catalán podría desencadenar un "efecto dominó", llevando a otras comunidades ricas a exigir regímenes similares y "vaciar de contenido" el Estado del bienestar en regiones como Galicia. "No es solo un problema de dinero, sino de igualdad constitucional", concluyó Rueda.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió esta semana que el sistema de cupo reclamado por los independentistas catalanes tendría un impacto devastador en las arcas gallegas, con pérdidas equivalentes al coste de dos años completos de prestaciones por dependencia. Según un informe presentado en el Consello da Xunta, la salida de Cataluña del actual modelo de financiación supondría para Galicia un menoscabo económico superior a 600 millones anuales, cifra que podría superar los 2.000 millones si el sistema se extendiera al resto de comunidades autónomas.
El análisis, elaborado por la Consellería de Facenda y organismos independientes como Fedea, revela que este modelo bilateral "pondría en peligro servicios básicos" como la educación pública no universitaria —cuyo presupuesto anual equivale a los 2.000 millones que Galicia podría perder— o la sanidad, donde esa cantidad representa dos años de financiación farmacéutica. Rueda subrayó que el acuerdo catalán "rompe con los principios de solidaridad" al vincular los recursos al potencial recaudatorio de cada territorio, lo que generaría "ciudadanos de primera y de segunda" según su lugar de residencia.
El mecanismo, inspirado en el concierto vasco, permitiría a Cataluña recaudar todos sus tributos y transferir solo una parte al Estado. Esto "fragmentaría" la Agencia Tributaria y "debilitaría la lucha contra el fraude fiscal", según denunciaron inspectores de Hacienda. La Xunta lleva años reclamando una reforma multilateral del sistema en el Consejo de Política Fiscal, no negociaciones bilaterales.
Esta postura fue refrendada la semana pasada en una declaración conjunta con Extremadura, que retoma los principios de la Declaración de Santiago de 2016. Rueda insistió en que "Galicia no aceptará recortes encubiertos" en su financiación, especialmente cuando el actual modelo ya "no cubre sus necesidades". El informe señala que los 600 millones en riesgo equivalen a los presupuestos combinados de las consellerías de Medio Ambiente y Economía, o a cinco años de transporte escolar.
La Xunta alerta de que el precedente catalán podría desencadenar un "efecto dominó", llevando a otras comunidades ricas a exigir regímenes similares y "vaciar de contenido" el Estado del bienestar en regiones como Galicia. "No es solo un problema de dinero, sino de igualdad constitucional", concluyó Rueda.
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