Vigo
El BNG exige el cumplimiento de la Ley de Costas para garantizar el acceso público al litoral de Vigo
La formación nacionalista propone crear una Mesa Local del Litoral con todas las administraciones y colectivos para proteger la costa viguesa.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevará esta semana al pleno municipal de Vigo una propuesta para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Costas en todo el litoral de la ciudad. La iniciativa, presentada como enmienda a una moción del PSOE, busca garantizar accesos públicos peatonales de entre 6 y 20 metros en zonas costeras, actualmente bloqueadas en áreas como Oia, Saiáns, Coruxo y la Isla de Toralla.
El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, denunció que "partes importantes de nuestra costa se han convertido en cotos privados para urbanizaciones VIP", en contra de lo establecido por la legislación. "El litoral es patrimonio de todos, no un privilegio para unos pocos", subrayó durante la presentación de la propuesta, que incluye la creación de una Mesa Local del Litoral con representantes municipales, autonómicos, estatales, la Universidad de Vigo y colectivos ecologistas y vecinales.
Esta mesa tendría como objetivo supervisar la aplicación de la ley, actualizar el Plan Estratégico del Litoral y promover un modelo de ciudad "que deje de dar la espalda al mar". Igrexas recordó que, pese a los avances en Toralla —donde el Ministerio está recuperando terreno público—, gran parte de la costa sigue sin cumplir con las servidumbres de tránsito obligatorias.
La propuesta del BNG llega en un contexto de creciente presión ciudadana por el acceso a playas y caminos costeros, y busca evitar que Vigo repita "los errores de privatización de otras épocas". El pleno decidirá si insta al Gobierno central y a la Xunta a actuar, en coordinación con el Concello, para desbloquear los accesos. "No hablamos de abrir Vigo al mar, sino de reconocer que ya estamos junto a él y debemos protegerlo", concluyó Igrexas.
La iniciativa ha sido bien recibida por colectivos ambientales, que llevan años denunciando el cerramiento ilegal de zonas costeras. Sin embargo, fuentes municipales advierten de que su aplicación requerirá acuerdos complejos con propietarios y otras administraciones. El debate en el pleno podría marcar un punto de inflexión en la política litoral de la ciudad.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevará esta semana al pleno municipal de Vigo una propuesta para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Costas en todo el litoral de la ciudad. La iniciativa, presentada como enmienda a una moción del PSOE, busca garantizar accesos públicos peatonales de entre 6 y 20 metros en zonas costeras, actualmente bloqueadas en áreas como Oia, Saiáns, Coruxo y la Isla de Toralla.
El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, denunció que "partes importantes de nuestra costa se han convertido en cotos privados para urbanizaciones VIP", en contra de lo establecido por la legislación. "El litoral es patrimonio de todos, no un privilegio para unos pocos", subrayó durante la presentación de la propuesta, que incluye la creación de una Mesa Local del Litoral con representantes municipales, autonómicos, estatales, la Universidad de Vigo y colectivos ecologistas y vecinales.
Esta mesa tendría como objetivo supervisar la aplicación de la ley, actualizar el Plan Estratégico del Litoral y promover un modelo de ciudad "que deje de dar la espalda al mar". Igrexas recordó que, pese a los avances en Toralla —donde el Ministerio está recuperando terreno público—, gran parte de la costa sigue sin cumplir con las servidumbres de tránsito obligatorias.
La propuesta del BNG llega en un contexto de creciente presión ciudadana por el acceso a playas y caminos costeros, y busca evitar que Vigo repita "los errores de privatización de otras épocas". El pleno decidirá si insta al Gobierno central y a la Xunta a actuar, en coordinación con el Concello, para desbloquear los accesos. "No hablamos de abrir Vigo al mar, sino de reconocer que ya estamos junto a él y debemos protegerlo", concluyó Igrexas.
La iniciativa ha sido bien recibida por colectivos ambientales, que llevan años denunciando el cerramiento ilegal de zonas costeras. Sin embargo, fuentes municipales advierten de que su aplicación requerirá acuerdos complejos con propietarios y otras administraciones. El debate en el pleno podría marcar un punto de inflexión en la política litoral de la ciudad.
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