Una funcionaria del Concello de Vigo podría enfrentar sanciones tras amenazar con "tirar a la basura" ejemplares del periódico Xornal21 e impedir su distribución en la lonja del edificio consistorial, espacio donde el medio se ha distribuido gratuitamente durante los últimos 26 años. La actuación, ocurrida hace unas semanas, carece de base legal según confirman expertos consultados, además de ser éticamente reprobable.

El artículo 20.5 de la Constitución Española establece que solo mediante resolución judicial puede acordarse el secuestro o destrucción de publicaciones. La funcionaria, que se identificó como representante de la Alcaldía, aunque tanto Alcaldía com o el Departamento de Prensa alegan desconocer los hechos, exigió arbitrariamente "un permiso de la Alcaldía" que nunca antes había sido necesaria para la distribución del periódico independiente.

Con anterioridad al reciente episodio de censura contra Xornal21, otros funcionarios podrían haber seguido el mismo procedimiento irregular. Se investigan sospechas fundadas sobre la retirada no autorizada y posterior destrucción de ejemplares por parte de personal con acceso al edificio municipal.

Estas actuaciones, que nunca fueron comunicadas formalmente al periódico, sugieren un posible patrón de censura institucional. De confirmarse, demostrarían que lo ocurrido la semana pasada no fue un hecho aislado, sino parte de una presunta práctica recurrente en el Concello de Vigo, lo que agravaría significativamente la dimensión del caso.

El medio continúa recabando testimonios y pide colaboración ciudadana  para determinar si estas retiradas responden a una estrategia sistemática de obstrucción a la libertad de prensa. Se investiga si estas acciones reforzaría la tesis de estar ante actos de censura arbitraria.

Juristas especializados estudian si esta conducta podría encajar en tres figuras delictivas del Código Penal: prevaricación (artículo 404), por dictar resoluciones manifiestamente ilegales; delito contra los derechos fundamentales (artículo 531); o abuso de autoridad (artículo 506). Las consecuencias podrían incluir desde inhabilitación especial para cargo público hasta penas de prisión, además de posibles indemnizaciones civiles.

El mutismo institucional se mantiene pese a la gravedad de los hechos y las repetidas solicitudes de aclaración por parte de este medio. Ni la Alcaldía ni el Departamento de Prensa han contestado, desmentido o justificado por qué una empleada pública decidió unilateralmente impedir la distribución de un medio de comunicación.

Este incidente reabre el debate sobre los límites del poder administrativo y la necesidad de proteger la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia. Las organizaciones profesionales insisten en que acciones como esta crean un peligroso precedente contra el derecho a la información de los ciudadanos.