El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido esta semana al alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, y a la Xunta de Galicia la implementación de medidas urgentes para proteger a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tras el brutal asesinato de Teresa, una empleada de este servicio en el municipio. La víctima fue atacada el pasado martes mientras prestaba sus labores en un domicilio, pese a haber alertado previamente a la empresa gestora, Aralia, sobre las condiciones inseguras de su trabajo.

El BNG se sumó a las concentraciones celebradas en los últimos días para mostrar su solidaridad con la familia y compañeras de Teresa, y denunció que este caso evidencia la "precariedad, los salarios bajos y la desprotección" que sufren las trabajadoras del SAF, un servicio público dependiente de la Xunta pero gestionado por los concellos. La formación nacionalista subrayó que, en los últimos dos meses, el Gobierno gallego ha recortado 17 millones de euros en este ámbito, debilitando la red pública de atención a la dependencia y fomentando un modelo "asistencialista y privatizador".

Según el BNG, la externalización del servicio a empresas como Aralia ha generado un sistema donde "se empobrece la calidad para permitir el beneficio privado", mientras las trabajadoras —en su mayoría mujeres— enfrentan situaciones de riesgo sin protocolos adecuados. Teresa había reportado incidencias sobre sus condiciones laborales, pero ni la empresa ni el Concello actuaron a tiempo.

La fuerza política reclama ahora una comisión de investigación para depurar responsabilidades y la creación de un protocolo de actuación consensuado con sindicatos y agentes sociales. "La muerte de Teresa es violencia institucional: se dejó en riesgo a una trabajadora que alertó de un peligro que fue tratado con negligencia", afirmaron. Criticaron además que las acciones legales anunciadas por el alcalde son insuficientes: "El error es sistémico. Las administraciones deben protocolizar la protección de estas trabajadoras para que no vuelva a ocurrir".

El SAF, clave en la atención a personas dependientes, acumula años de reivindicaciones por parte de unas profesionales que desempeñan una labor esencial, a menudo sin garantías básicas de seguridad. El BNG insistió en que esta tragedia "pudo evitarse" y exigió que las instituciones asuman su responsabilidad.