El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha solicitado a la Diputación de Pontevedra que impulse medidas urgentes para proteger a las trabajadoras del Servizo de Atención ao Fogar (SAF). La propuesta, presentada esta semana por la diputada Manuela Rodríguez, exige que se suspendan "de manera cautelar" los servicios domiciliarios cuando se registren denuncias por acoso o agresiones, tras el asesinato de Teresa de Jesús, una empleada del SAF en O Porriño.

Rodríguez hizo el anuncio después de un minuto de silencio en el Pleno provincial en memoria de la víctima, aunque criticó que estos gestos son insuficientes: "Para honrar a Teresa no bastan silencios. Necesitamos gritos de denuncia y acciones concretas". La iniciativa busca obligar a las empresas prestadoras, concellos y especialmente a la Xunta —responsable última del servicio— a priorizar la integridad física de las trabajadoras sobre la continuidad del servicio.

El BNG subrayó que las instituciones no pueden permitir que estas profesionales —en su mayoría mujeres— se vean forzadas a "elegir entre su empleo o su seguridad". "Tenemos el deber de proteger a quienes nos cuidan", insistió Rodríguez, quien recordó que el SAF sufre problemas estructurales de precariedad y desprotección, agravados por los recortes de 17 millones aplicados por la Xunta en los últimos meses.

La propuesta incluye que la área de Igualdad de la Diputación coordine con los ayuntamientos y la administración autonómica un protocolo unificado de actuación. "Cuando haya denuncias, el servicio debe paralizarse de inmediato en el domicilio afectado, sin esperar a resoluciones judiciales", explicó la diputada. El objetivo es evitar que casos como el de Teresa, quien había alertado de riesgos antes de ser asesinada, se repitan.

El BNG lleva semanas denunciando la vulnerabilidad de las empleadas del SAF, un servicio público externalizado donde, según critican, priman los intereses económicos de las empresas sobre las condiciones laborales. La formación nacionalista insistió en que este debate trasciende lo laboral: "La precariedad en los cuidados es también violencia machista". La Diputación estudiará ahora la petición, mientras asociaciones y sindicatos presionan para que se actúe con celeridad.