Galicia
El Tribunal de Justicia de la UE avala la tramitación ambiental de los parques eólicos gallegos
La sentencia desbloquea 92 proyectos paralizados, con una inversión de 3.000 millones y capacidad para 2.497 MW
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó esta semana el procedimiento de evaluación ambiental aplicado por la Xunta de Galicia a los parques eólicos, resolviendo así la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La decisión, celebrada por la secretaria xeral técnica de Medio Ambiente, Carmen Bouso, durante su asistencia a la lectura en Luxemburgo, garantiza la seguridad jurídica que reclamaban tanto el Gobierno autonómico como el sector energético para reactivar 86 proyectos actualmente paralizados.
Bouso destacó que el fallo confirma que Galicia aplicó correctamente la Ley 21/2013 de evaluación ambiental —que traspone la normativa europea—, despejando las dudas que habían llevado al TSXG a suspender autorizaciones desde 2022. La sentencia contradice la interpretación del tribunal gallego, que cuestionaba el procedimiento simultáneo de información pública utilizado por la Xunta, pese a que el Tribunal Supremo ya había avalado este sistema en cuatro sentencias previas.
La resolución llega en un contexto crítico: los 92 parques eólicos judicializados —con 2.497 MW de potencia y 3.000 millones de inversión bloqueados— podrían evitar la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO₂ anuales, equivalente al impacto de 2 millones de coches circulando un año. Su desarrollo permitiría a Galicia reducir un 75% sus emisiones respecto a 1990 y avanzar hacia la neutralidad climática en 2040, objetivo clave del II Plan Enerxético e Climático.
Bouso insistió en que el TSXG carece ahora de "obstáculos" para reanudar los procesos paralizados, subrayando el carácter excepcional del bloqueo judicial gallego en el panorama nacional y europeo, donde las renovables son consideradas de interés público prioritario. La decisión del TJUE refuerza la estrategia de la Xunta para impulsar la transición energética, aunque el sector reclama agilidad para recuperar el tiempo perdido en una comunidad con un potencial eólico estratégico.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó esta semana el procedimiento de evaluación ambiental aplicado por la Xunta de Galicia a los parques eólicos, resolviendo así la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La decisión, celebrada por la secretaria xeral técnica de Medio Ambiente, Carmen Bouso, durante su asistencia a la lectura en Luxemburgo, garantiza la seguridad jurídica que reclamaban tanto el Gobierno autonómico como el sector energético para reactivar 86 proyectos actualmente paralizados.
Bouso destacó que el fallo confirma que Galicia aplicó correctamente la Ley 21/2013 de evaluación ambiental —que traspone la normativa europea—, despejando las dudas que habían llevado al TSXG a suspender autorizaciones desde 2022. La sentencia contradice la interpretación del tribunal gallego, que cuestionaba el procedimiento simultáneo de información pública utilizado por la Xunta, pese a que el Tribunal Supremo ya había avalado este sistema en cuatro sentencias previas.
La resolución llega en un contexto crítico: los 92 parques eólicos judicializados —con 2.497 MW de potencia y 3.000 millones de inversión bloqueados— podrían evitar la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO₂ anuales, equivalente al impacto de 2 millones de coches circulando un año. Su desarrollo permitiría a Galicia reducir un 75% sus emisiones respecto a 1990 y avanzar hacia la neutralidad climática en 2040, objetivo clave del II Plan Enerxético e Climático.
Bouso insistió en que el TSXG carece ahora de "obstáculos" para reanudar los procesos paralizados, subrayando el carácter excepcional del bloqueo judicial gallego en el panorama nacional y europeo, donde las renovables son consideradas de interés público prioritario. La decisión del TJUE refuerza la estrategia de la Xunta para impulsar la transición energética, aunque el sector reclama agilidad para recuperar el tiempo perdido en una comunidad con un potencial eólico estratégico.
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