Esta semana, el Gobierno gallego dio luz verde al decreto que regula el Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios (Regasa), una normativa que, por primera vez, incorpora de forma explícita a los locales ambulantes o provisionales —como carpas, puestos móviles y vehículos de venta— bajo su ámbito de control. La medida busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger los intereses de los consumidores.

La principal novedad del texto es la ampliación de la definición de comercio minorista, que ahora incluye a los establecimientos no fijos, facilitando así su inspección sanitaria por parte de los concellos o la Consellería de Sanidade. Con esta actualización, se unifica el marco regulatorio autonómico con el estatal, en línea con el Real Decreto 1021/2022.

El Regasa tiene como objetivo centralizar la información de todas las empresas y locales que manipulen, elaboren o vendan alimentos en Galicia, ya sea en tiendas físicas, a domicilio o en mercados temporales. Además, el decreto establece requisitos específicos para la venta de productos de origen animal y alimentos preparados en viviendas particulares, así como un régimen sancionador para quienes incumplan las normas.

La normativa, estructurada en cuatro capítulos y dieciséis artículos, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Con esta medida, la Xunta busca modernizar los controles sanitarios y adaptarlos a las nuevas formas de comercialización, priorizando siempre la salud pública.