Galicia
La Xunta autoriza los primeros parques eólicos con beneficios directos para la ciudadanía
Los proyectos Greco y Baro generarán 15,2 millones en ayudas sociales y ahorros energéticos para 17 concellos gallegos.
El Consello da Xunta ha dado luz verde esta semana a la tramitación de los parques eólicos Greco y Baro, los primeros que aplicarán la Lei de Recursos Naturais para destinar parte de sus beneficios a la población local. Con una inversión asociada de 15,2 millones de euros en medidas sociales, estos proyectos suministrarán energía a precio competitivo a la planta de silicio metálico de Ferroatlántica en Sabón (A Coruña) y beneficiarán a 46.000 vecinos de 17 municipios.
La aprobación, basada en la declaración de excepcionalidad territorial, permitirá ejecutar los parques fuera de las Áreas de Desenvolvemento Enerxético (ADE), un hito desde la entrada en vigor de la normativa autonómica el pasado 1 de enero de 2025. Los residentes de los concellos afectados —entre ellos Castro de Rei (Lugo), A Cañiza (Pontevedra) y Avión (Ourense)— recibirán descuentos del 30% en sus facturas eléctricas (hasta 300 euros anuales), ayudas para instalaciones de autoconsumo y créditos sin intereses para pymes.
El promotor, Villar Mir Energía, deberá cumplir requisitos como destinar el 80% de la producción a contratos locales (PPA) —lo que supondrá un ahorro estimado de 13 millones en una década— y priorizar la contratación de mano de obra local, especialmente mujeres y jóvenes. La iniciativa incluye también un fondo del 5% para participación ciudadana y ayudas a centros sociales.
Esta decisión se produce días después de que el Tribunal de Xustiza da UE avalase la política energética gallega, aunque la Xunta ya había avanzado en garantizar seguridad jurídica a los proyectos. Actualmente, Galicia cuenta con 193 parques operativos (4.020,9 MW) y 92 paralizados judicialmente (2.497 MW). Los nuevos proyectos refuerzan el modelo de transición justa que vincula el desarrollo renovable a la generación de riqueza territorial.
Los parques, cuya construcción comenzará tras los trámites finales, marcan un precedente al integrar beneficios medibles para las comunidades, alineándose con los objetivos de descarbonización industrial y cohesión social.
El Consello da Xunta ha dado luz verde esta semana a la tramitación de los parques eólicos Greco y Baro, los primeros que aplicarán la Lei de Recursos Naturais para destinar parte de sus beneficios a la población local. Con una inversión asociada de 15,2 millones de euros en medidas sociales, estos proyectos suministrarán energía a precio competitivo a la planta de silicio metálico de Ferroatlántica en Sabón (A Coruña) y beneficiarán a 46.000 vecinos de 17 municipios.
La aprobación, basada en la declaración de excepcionalidad territorial, permitirá ejecutar los parques fuera de las Áreas de Desenvolvemento Enerxético (ADE), un hito desde la entrada en vigor de la normativa autonómica el pasado 1 de enero de 2025. Los residentes de los concellos afectados —entre ellos Castro de Rei (Lugo), A Cañiza (Pontevedra) y Avión (Ourense)— recibirán descuentos del 30% en sus facturas eléctricas (hasta 300 euros anuales), ayudas para instalaciones de autoconsumo y créditos sin intereses para pymes.
El promotor, Villar Mir Energía, deberá cumplir requisitos como destinar el 80% de la producción a contratos locales (PPA) —lo que supondrá un ahorro estimado de 13 millones en una década— y priorizar la contratación de mano de obra local, especialmente mujeres y jóvenes. La iniciativa incluye también un fondo del 5% para participación ciudadana y ayudas a centros sociales.
Esta decisión se produce días después de que el Tribunal de Xustiza da UE avalase la política energética gallega, aunque la Xunta ya había avanzado en garantizar seguridad jurídica a los proyectos. Actualmente, Galicia cuenta con 193 parques operativos (4.020,9 MW) y 92 paralizados judicialmente (2.497 MW). Los nuevos proyectos refuerzan el modelo de transición justa que vincula el desarrollo renovable a la generación de riqueza territorial.
Los parques, cuya construcción comenzará tras los trámites finales, marcan un precedente al integrar beneficios medibles para las comunidades, alineándose con los objetivos de descarbonización industrial y cohesión social.
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