Una semana después del asesinato de Teresa de Jesús, trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en O Porriño, las auxiliares gallegas alzan la voz para exigir medidas concretas que protejan su integridad. El crimen, ocurrido mientras la víctima realizaba sus labores de atención a una persona dependiente, ha destapado una realidad que las profesionales llevan años denunciando: la vulnerabilidad sistemática en un sector esencial pero precarizado.

Las trabajadoras critican la pasividad de empresas concesionarias, concellos y la Xunta, a quienes acusan de priorizar intereses económicos sobre su seguridad. "Nos tratan como carne de cañón", denuncia una auxiliar que prefiere mantener el anonimato. "Cuando sufrimos agresiones, las empresas solo ofrecen rotarnos de usuario o sugieren que aguantemos. Denunciar? Muchas no pueden arriesgarse a perder su único sustento".

El sector, regulado por un convenio obsoleto, carece de protocolos ante situaciones de riesgo. Las profesionales relatan casos de amenazas, insultos y violencia física que quedan impunes, mientras las administraciones se limitan a gestos simbólicos como minutos de silencio. "De nada sirven los homenajes si no hay evaluaciones psicológicas obligatorias para usuarios conflictivos ni acompañamiento policial en visitas de riesgo", subraya una trabajadora de Vigo.

La tragedia de Teresa ha reavivado las demandas históricas: actualización del convenio, formación en autoprotección, canales de denuncia ágiles y sanciones reales para agresores. "No consentamos ni un abuso más. Si no actuamos, cualquiera de nosotras podría ser la próxima Teresa", advierte un comunicado circulado entre las auxiliares.

Mientras, la Xunta no ha anunciado medidas beyond las condolencias institucionales. Las trabajadoras exigen reuniones urgentes para implementar cambios antes de que otro nombre se sume a esta lista negra de la violencia laboral invisibilizada.