GALICIA
García advierte al Gobierno central: Galicia no aceptará "imposiciones ni insultos" en acogida de menores
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, advirtió al Gobierno central que Galicia no aceptará “imposiciones, amenazas ni insultos” en relación con el traslado de menores migrantes no acompañados a la Península. La responsable autonómica reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez su falta de diálogo, de planificación y de financiación, y subrayó que, hasta esta semana, ninguna comunidad autónoma conoce cuántos menores se pretenden trasladar, cuándo se llevará a cabo este proceso ni qué necesidades educativas, sanitarias o sociales requieren.
Durante una visita al Centro Infanto Juvenil Príncipe Felipe de Pontevedra, García reivindicó la colaboración entre la Xunta y la Diputación Provincial para garantizar la atención a los menores más vulnerables. En el acto estuvieron presentes el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, la diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Sandra Bastos, y la directora del centro, Ana Amoedo.
La conselleira lamentó que el Gobierno central “prefiera la intimidación al consenso” en un asunto tan sensible como la protección de la infancia migrante. Denunció, además, que el Ejecutivo ha alcanzado pactos con sus socios “en contra de la mayoría de las comunidades autónomas”, sin coordinarse con ellas y pretendiendo que asuman en solitario los costes de la acogida. Según García, la red de protección de Galicia se encuentra ya “al máximo de su capacidad” y acusó al Gobierno de Sánchez de querer “crear guetos”.
García recordó que comunidades gobernadas tanto por el PP como por el PSOE han recurrido al Tribunal Constitucional, al considerar “totalmente inaceptable” la forma en que el Ejecutivo central está actuando en este asunto.
Convenio con la Diputación de Pontevedra
La titular de Política Social e Igualdad puso en valor la apuesta de la Xunta por la colaboración institucional “en favor de la protección de niños y adolescentes, vengan de donde vengan”. Como ejemplo, destacó la renovación del convenio con la Diputación de Pontevedra, que garantiza la continuidad durante los próximos cuatro años de los servicios de acogida residencial y atención diurna en el centro Príncipe Felipe.
El Gobierno gallego destinará 11,2 millones de euros hasta 2029 para mantener este recurso provincial, que trabaja con un modelo de pequeños hogares o unidades de convivencia, ofreciendo una intervención especializada en función de las edades y necesidades de cada menor.
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, advirtió al Gobierno central que Galicia no aceptará “imposiciones, amenazas ni insultos” en relación con el traslado de menores migrantes no acompañados a la Península. La responsable autonómica reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez su falta de diálogo, de planificación y de financiación, y subrayó que, hasta esta semana, ninguna comunidad autónoma conoce cuántos menores se pretenden trasladar, cuándo se llevará a cabo este proceso ni qué necesidades educativas, sanitarias o sociales requieren.
Durante una visita al Centro Infanto Juvenil Príncipe Felipe de Pontevedra, García reivindicó la colaboración entre la Xunta y la Diputación Provincial para garantizar la atención a los menores más vulnerables. En el acto estuvieron presentes el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, la diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Sandra Bastos, y la directora del centro, Ana Amoedo.
La conselleira lamentó que el Gobierno central “prefiera la intimidación al consenso” en un asunto tan sensible como la protección de la infancia migrante. Denunció, además, que el Ejecutivo ha alcanzado pactos con sus socios “en contra de la mayoría de las comunidades autónomas”, sin coordinarse con ellas y pretendiendo que asuman en solitario los costes de la acogida. Según García, la red de protección de Galicia se encuentra ya “al máximo de su capacidad” y acusó al Gobierno de Sánchez de querer “crear guetos”.
García recordó que comunidades gobernadas tanto por el PP como por el PSOE han recurrido al Tribunal Constitucional, al considerar “totalmente inaceptable” la forma en que el Ejecutivo central está actuando en este asunto.
Convenio con la Diputación de Pontevedra
La titular de Política Social e Igualdad puso en valor la apuesta de la Xunta por la colaboración institucional “en favor de la protección de niños y adolescentes, vengan de donde vengan”. Como ejemplo, destacó la renovación del convenio con la Diputación de Pontevedra, que garantiza la continuidad durante los próximos cuatro años de los servicios de acogida residencial y atención diurna en el centro Príncipe Felipe.
El Gobierno gallego destinará 11,2 millones de euros hasta 2029 para mantener este recurso provincial, que trabaja con un modelo de pequeños hogares o unidades de convivencia, ofreciendo una intervención especializada en función de las edades y necesidades de cada menor.
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