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Italia obliga a un censo oficial de radares para validar las multas de tráfico
Los municipios deberán registrar todos sus dispositivos en una plataforma nacional en 60 días o las sanciones quedarán anuladas.
El Gobierno italiano ha establecido por ley la obligatoriedad de que todas las administraciones locales censen sus radares de velocidad en un registro nacional como requisito indispensable para que las multas impuestas sean válidas. La Ley 105/2025, conocida como "decreto de infraestructuras", exige a municipios, provincias y regiones remitir al Ministerio de Infraestructuras y Transportes (MIT) la localización exacta, marca, modelo y certificación de homologación de cada dispositivo.
Las entidades dispondrán de un plazo de 60 días para incorporar los datos en una plataforma digital una vez esta sea habilitada mediante decreto directoral. Los radares no declarados dentro de ese plazo serán considerados no idóneos para constatar infracciones, lo que conllevará la anulación de las sanciones asociadas y su desactivación obligatoria. Esta medida ha sido calificada como "paradójica" por algunas asociaciones de consumidores.
La normativa busca responder a las numerosas sentencias del Tribunal de Casación que han anulado multas por el uso de radares sin la homologación adecuada. Además, el censo permitirá a los ciudadanos consultar públicamente la ubicación y el estado de certificación de todos los dispositivos, reforzando la transparencia y la prevención frente a un posible uso recaudatorio.
Expertos en derecho, como el abogado Andrea Gullo de Pyramid Consulting, advierten de que el éxito de la reforma dependerá de la "adopción de disposiciones reglamentarias claras y de criterios técnicos homogéneos en materia de homologación". En caso contrario, se podría comprometer tanto la legitimidad de las sanciones como la función preventiva de los controles de velocidad.
El modelo se acerca al implementado en España, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) publica en su web un listado oficial de radares y tramos de vigilancia, priorizando la transparencia y la seguridad vial sobre el carácter sancionador.
El Gobierno italiano ha establecido por ley la obligatoriedad de que todas las administraciones locales censen sus radares de velocidad en un registro nacional como requisito indispensable para que las multas impuestas sean válidas. La Ley 105/2025, conocida como "decreto de infraestructuras", exige a municipios, provincias y regiones remitir al Ministerio de Infraestructuras y Transportes (MIT) la localización exacta, marca, modelo y certificación de homologación de cada dispositivo.
Las entidades dispondrán de un plazo de 60 días para incorporar los datos en una plataforma digital una vez esta sea habilitada mediante decreto directoral. Los radares no declarados dentro de ese plazo serán considerados no idóneos para constatar infracciones, lo que conllevará la anulación de las sanciones asociadas y su desactivación obligatoria. Esta medida ha sido calificada como "paradójica" por algunas asociaciones de consumidores.
La normativa busca responder a las numerosas sentencias del Tribunal de Casación que han anulado multas por el uso de radares sin la homologación adecuada. Además, el censo permitirá a los ciudadanos consultar públicamente la ubicación y el estado de certificación de todos los dispositivos, reforzando la transparencia y la prevención frente a un posible uso recaudatorio.
Expertos en derecho, como el abogado Andrea Gullo de Pyramid Consulting, advierten de que el éxito de la reforma dependerá de la "adopción de disposiciones reglamentarias claras y de criterios técnicos homogéneos en materia de homologación". En caso contrario, se podría comprometer tanto la legitimidad de las sanciones como la función preventiva de los controles de velocidad.
El modelo se acerca al implementado en España, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) publica en su web un listado oficial de radares y tramos de vigilancia, priorizando la transparencia y la seguridad vial sobre el carácter sancionador.
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