Las interrupciones no autorizadas de pruebas ciclistas, como las ocurridas esta semana en La Vuelta a España, pueden conllevar sanciones económicas de hasta 30.000 euros e incluso responsabilidades penales para los manifestantes. Según la legislación vigente, estas acciones están tipificadas como infracciones graves en la Ley de Seguridad Ciudadana cuando alteran el orden público.

La gravedad de la conducta determina si se aplica una sanción administrativa o se considera delito. En el caso de los bloqueos en carretera durante la etapa gallega, donde manifestantes contra la participación del equipo Israel Premier Tech cortaron el recorrido, las acciones podrían encuadrarse en el tipo de desórdenes públicos que establece el Código Penal.

Las sanciones administrativas, reguladas por la Ley de Seguridad Ciudadana, contemplan multas que oscilan entre 1.000 y 30.000 euros para infracciones graves que causen alteraciones de la seguridad ciudadana. La cuantía final depende de la magnitud de los desórdenes causados y de la evaluación que realicen las fuerzas de seguridad.

Cuando la conducta trasciende el ámbito administrativo, se aplica el Código Penal, que castiga con penas más severas los delitos de atentado a la autoridad -si hay resistencia o desobediencia a las fuerzas de seguridad- o de daños -si se producen perjuicios materiales de consideración-. La falta de permiso para la manifestación no constituye por sí sola delito, pero agrava la situación si deriva en alteraciones del orden público.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad son los encargados de evaluar in situ la gravedad de los hechos y determinar la calificación jurídica correspondiente. Su informe resulta crucial para que la autoridad judicial o administrativa decida el tipo de procedimiento a seguir y la sanción aplicable.

Las acciones legales cobran especial relevancia tras los incidentes registrados en el Alto de San Cosme, donde la protesta obligó a neutralizar la etapa y adelantar la meta en 8 kilómetros por motivos de seguridad. La organización de La Vuelta aún no se ha pronunciado sobre si interpondrá denuncias por los perjuicios ocasionados.