Galicia continúa dando pasos en la implantación de la Ley estatal de eficiencia del servicio público de justicia, situándose como la primera comunidad autónoma en publicar la fase III de esta normativa. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge esta semana las resoluciones que aprueban las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Secretaría de Gobierno, las oficinas judiciales y las oficinas generales del Registro Civil correspondientes a las siete ciudades gallegas.

Con la entrada en vigor de esta fase, los actuales juzgados se transformarán en tribunales de instancia antes del 31 de diciembre, con secciones especializadas en materia civil, de instrucción, penal, social y contencioso-administrativa, además de otras específicas en función de cada ciudad, como mercantil, familia, infancia, menores o vigilancia penitenciaria.

El proceso, que implica una reorganización compleja por la dimensión de los órganos judiciales urbanos, contempla la convocatoria de plazas de libre designación y específicas, así como la redistribución de personal funcionario en sus nuevos destinos.

Implantación progresiva y reorganización administrativa

Desde el pasado 1 de julio está plenamente operativa la fase I de la normativa, que transformó los juzgados de paz en oficinas de justicia en el municipio, con un total de 268 en Galicia. Ahora, la fase III completa el despliegue en los partidos judiciales de las siete grandes ciudades.

La nueva estructura de oficinas judiciales se organiza en torno a servicios comunes de tramitación y otros que se definan según la actividad, con un diseño flexible y adaptado a la carga de trabajo. El personal de gestión procesal y administrativa, tramitación y auxilio depende de la Xunta, mientras que la relación de puestos de los letrados de la Administración de Justicia seguirá siendo competencia del Ministerio.

Oficinas del Registro Civil y convocatorias

Junto a las oficinas judiciales, el DOG publica también las RPT de las oficinas generales del Registro Civil, cuya dotación procede de los órganos que actualmente ejercen esta función. El calendario prevé que su entrada en vigor coincida con la de las oficinas judiciales.

Asimismo, se convocarán 11 puestos de libre designación (tres de gestión procesal y ocho de tramitación procesal) para la Secretaría de Gobierno. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Xunta en un plazo de cinco días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La toma de posesión está fijada para el 31 de diciembre.

Impacto económico

La Xunta recuerda que la aplicación de esta reforma estatal supone un importante esfuerzo presupuestario para la Administración autonómica. El coste estimado asciende a 3,3 millones de euros para la digitalización de las oficinas, de los que solo 1,1 millones llegaron a Galicia en transferencias estatales. A ello se suman más de cinco millones de euros en gastos de reorganización física y de funcionamiento, que deben afrontarse únicamente con fondos autonómicos al no haberse previsto dotación económica adicional por parte del Ministerio de Justicia.