Las familias con perros del barrio de Barreiro, en Lavadores (Vigo), han llevado a cabo esta semana una concentración para visualizar lo que consideran defectos graves e insalvables en el proyecto de parque canino que planea ejecutar el Concello. Mediante una acción simbólica, delimitaron en el terreno la exigua superficie útil que tendría la instalación, afirmando que se parece más a una "jaula" que a un espacio de esparcimiento real para los cerca de 2.907 perros estimados en la zona.

El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando el gobierno local anunció la creación de una red de parques caninos. Para Barreiro se asignó un espacio de 1.105 m², una cifra que los vecinos califican de "engañosoa" al incluir el perímetro total, estructuras fijas y dos recintos separados, lo que reduce drásticamente el área real disponible para el ejercicio de los animales. Tras un proceso de consulta ciudadana en febrero de 2025 que los vecinos tildan de "insuficiente", estas presentaron en marzo una propuesta alternativa respaldada por más de cien familias. No obstante, el Concello ratificó a finales de agosto su proyecto inicial sin aportar explicaciones.

La movilización vecinal destaca varias carencias críticas en el diseño municipal. Señalan un tamaño insuficiente que, según asociaciones internacionales de comportamiento animal, propiciaría estrés y conflictos en una zona de alta densidad canina. Critican además la destrucción de una zona de ocio humana ya consolidada, lo que incrementa innecesariamente el coste del proyecto. La ubicación junto a instalaciones deportivas ruidosas y una carretera representa, a su juicio, un riesgo para la seguridad y bienestar de los perros, generando ansiedad y aumentando el peligro de accidentes. Asimismo, subrayan la excesiva exposición al sol del solar elegido, que limita su uso y supone un riesgo para la salud animal.

Frente a esto, la alternativa vecinal propone un espacio de 2.200 m² en una zona tranquila, sombreada y alejada del tráfico, que ya es utilizada espontáneamente por las familias y que, aseguran, cumple con los principios de la Ley 7/2023 de protección animal. Las familias exigen que los 170.000 euros de fondos públicos previstos se inviertan en un proyecto funcional que garantice el bienestar animal y la convivencia, en lugar de en una instalación que consideran deficiente desde su concepción.