La empresa pública Sogama ha reiterado que la subida de su canon de tratamiento de residuos es una consecuencia directa de los impuestos y medidas sancionadoras aplicados por el Gobierno central, rechazando las críticas del Concello de Vigo. La compañía sostiene que la Ley de Residuos de 2022 impuso gravámenes que lastraron su sostenibilidad financiera, obligándola a revisar sus tarifas.

Según detalló la empresa con sede en Cerceda, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estableció impuestos al vertido y a la incineración que le supusieron un desembolso extra de más de nueve millones de euros en 2023. A esto se sumó, afirma, la supresión unilateral de 18 millones anuales en retribuciones a la inversión para su planta de Cerceda, comprometidas hasta 2026, y la recuperación del impuesto eléctrico. Este conjunto de medidas llevó a la empresa a registrar pérdidas de más de 18 millones el año pasado.

Para paliar el impacto en los municipios, la Xunta de Galicia asumió el 60% de la subida del canon, estableciendo una tarifa reducida de 95 euros por tonelada para los concellos que cumplieran ciertos objetivos de reducción de residuos y reciclaje. Gracias a esta medida y a un Fondo Ambiental adicional, el Concello de Vigo abona en realidad 83 euros por tonelada, y no los 108 euros que representa el coste total, tras haber recibido 1,3 millones de euros en ayudas.

Sogama subraya que su tarifa se mantiene como la más económica de Galicia y entre las más bajas de España para plantas de sus características, citando como ejemplos los 214 euros de Guipúzcoa o los 113 de Cataluña.

La empresa también recuerda que el Ayuntamiento de Vigo tiene margen de maniobra para reducir aún más su factura. Actualmente, el municipio recicla solo un 13% de sus residuos. Si alcanzara el objetivo del 55% marcado por la UE, el ahorro para as arcas locales superaría los 3,4 millones de euros. Además, destaca que el tratamiento de la materia orgánica, que supone un 40% de la bolsa de basura habitual, tiene un canon significativamente menor (51,40 €/Tn). Para facilitar esta separación, Sogama invirtió más de 3,5 millones de euros en modernizar la planta de transferencia de Guixar, incluyendo una tolva específica para biorresiduos.

La empresa concluye que la solución para rebajar la factura depende, en última instancia, de una mayor implicación del Concello en el reciclaje o de que el Gobierno central, del mismo signo político que el alcalde de Vigo, revoque las medidas que originaron la subida.