Los concellos gallegos que usan ciberseguridad de la Xunta se cuadruplican en un año

La adopción de los servicios de ciberseguridad proporcionados por la Xunta de Galicia por parte de las administraciones locales ha experimentado un crecimiento exponencial durante el último año. Un total de 113 entidades locales –las cuatro diputaciones y 109 concellos– utilizan actualmente estos sistemas, lo que representa casi cuatro veces más que las 30 registradas en 2024, según se desprende de un informe evaluado esta semana por el Consello de Goberno.

Estas herramientas permiten el control de la actividad de 170 direcciones IP y 252 dominios, identificando y cualificando riesgos en la red. Los servicios incluyen monitorización de servicios de internet, vigilancia digital, auditorías técnicas y formación especializada, proporcionados a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

La eficacia del sistema se refleja en las cifras reportadas: solo en la primera mitad de este año, la Xunta notificó a las entidades locales cerca de 2.000 alertas por posibles fraudes, como credenciales robadas, dominios sospechosos o webs falsas que suplantan la identidad de las administraciones. El servicio de vigilancia digital, utilizado por las diputaciones y 22 grandes concellos, logró identificar más de 3.600 alertas durante todo 2024.

La monitorización permanente de alertas de ciberseguridade, empleada por 10 entidades locales, procesa diariamente 710 millones de eventos informáticos, con 8.500 alertas o intentos de ataque gestionados en el primer semestre de este año. Desde 2022, se han realizado 172 auditorías técnicas y se han puesto a disposición de los ayuntamientos 6.000 licencias de una plataforma de protección avanzada.

Este plan de protección, activo desde 2021, representa un ejercicio de "visión estratégica, solidaridad institucional y optimización de esfuerzos", según destaca el informe. El acuerdo marco vigente para proporcionar estos servicios cuenta con un presupuesto de 29,1 millones de euros, triplicando la previsión inicial de 8,2 millones aprobada en 2021 debido al incremento de incidentes de seguridad y la necesidad de asesoramiento especializado.