Opinión
Faltan fontaneros mientras se tira con millones en cursos inútiles
En una provincia de Pontevedra, con graves carencias de mano de obra cualificada en sectores esenciales, resulta inexplicable que se sigan tirando millones de euros de la Xunta y de Fondos Europeos a cursos de formación para desempleados que priorizan contenidos de dudosa empleabilidad sobre oficios con demanda real e inmediata.
Mientras las administraciones publicitan formaciones en marketing, digitalización o redes sociales, los empresarios del sector sanitario, de la construcción y los servicios llevan años dando la voz de alarma: faltan fontaneros, electricistas, jardineros, soldadores, cuidadores de ancianos y personal de limpieza. Son profesiones que han demostrado ser imprescindibles y que ofrecen empleo estable con salarios dignos.
La contradicción es evidente. Por un lado, decenas de desempleados pierden su tiempo en cursos que no garantizan la inserción laboral. Por otro, sectores estratégicos se resienten por la falta de relevo generacional. Esta desconexión entre la oferta formativa y las necesidades reales del mercado tiene explicaciones variadas, pero ninguna justificación.
Existe un claro desprecio institucional hacia los oficios manuales, mientras se sobrevaloran profesiones más modernas pero menos demandadas. Se prefieren cursos de corta duración y bajo coste administrativo frente a formaciones especializadas que requieren talleres, herramientas y profesorado cualificado. El resultado es una generación de certificados sin salida laboral y empresas que deben recurrir a la importación de mano de obra.
Los datos son elocuentes. Un fontanero cualificado puede ganar entre 1.800 y 2.500 euros mensuales. Los cuidadores de ancianos tienen una tasa de empleo superior al 85%. Las empresas de soldadura ofrecen contratos indefinidos a aprendices. Mientras, los alumnos de cursos de marketing o redes sociales engrosan las listas del paro con certificados que el mercado laboral ya no valora.
Urge reorientar los recursos públicos hacia la formación con empleabilidad garantizada. Las administraciones deben crear mesas de coordinación con asociaciones empresariales, priorizar certificados de profesionalidad en oficios con demanda, establecer becas-salario para formaciones largas especializadas y revalorizar socialmente los oficios técnicos.
Los fondos públicos para formación no pueden ser un fin en sí mismos, para que los Concellos saquen su provecho, sino un instrumento para cubrir necesidades reales de la economía. Formar para el empleo significa escuchar al mercado, no perpetuar cursos que solo benefician a centros de formación municipales. El futuro del empleo no está en crear influencers, sino en formar profesionales que mantengan funcional la provincia de Pontevedra.

En una provincia de Pontevedra, con graves carencias de mano de obra cualificada en sectores esenciales, resulta inexplicable que se sigan tirando millones de euros de la Xunta y de Fondos Europeos a cursos de formación para desempleados que priorizan contenidos de dudosa empleabilidad sobre oficios con demanda real e inmediata.
Mientras las administraciones publicitan formaciones en marketing, digitalización o redes sociales, los empresarios del sector sanitario, de la construcción y los servicios llevan años dando la voz de alarma: faltan fontaneros, electricistas, jardineros, soldadores, cuidadores de ancianos y personal de limpieza. Son profesiones que han demostrado ser imprescindibles y que ofrecen empleo estable con salarios dignos.
La contradicción es evidente. Por un lado, decenas de desempleados pierden su tiempo en cursos que no garantizan la inserción laboral. Por otro, sectores estratégicos se resienten por la falta de relevo generacional. Esta desconexión entre la oferta formativa y las necesidades reales del mercado tiene explicaciones variadas, pero ninguna justificación.
Existe un claro desprecio institucional hacia los oficios manuales, mientras se sobrevaloran profesiones más modernas pero menos demandadas. Se prefieren cursos de corta duración y bajo coste administrativo frente a formaciones especializadas que requieren talleres, herramientas y profesorado cualificado. El resultado es una generación de certificados sin salida laboral y empresas que deben recurrir a la importación de mano de obra.
Los datos son elocuentes. Un fontanero cualificado puede ganar entre 1.800 y 2.500 euros mensuales. Los cuidadores de ancianos tienen una tasa de empleo superior al 85%. Las empresas de soldadura ofrecen contratos indefinidos a aprendices. Mientras, los alumnos de cursos de marketing o redes sociales engrosan las listas del paro con certificados que el mercado laboral ya no valora.
Urge reorientar los recursos públicos hacia la formación con empleabilidad garantizada. Las administraciones deben crear mesas de coordinación con asociaciones empresariales, priorizar certificados de profesionalidad en oficios con demanda, establecer becas-salario para formaciones largas especializadas y revalorizar socialmente los oficios técnicos.
Los fondos públicos para formación no pueden ser un fin en sí mismos, para que los Concellos saquen su provecho, sino un instrumento para cubrir necesidades reales de la economía. Formar para el empleo significa escuchar al mercado, no perpetuar cursos que solo benefician a centros de formación municipales. El futuro del empleo no está en crear influencers, sino en formar profesionales que mantengan funcional la provincia de Pontevedra.
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