GALICIA
Fabiola García acusa al Gobierno central de frenar las homologaciones automáticas de discapacidad
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, acusó esta semana al Gobierno central de “poner trabas” a la atención a la dependencia en Galicia, tras la aprobación del recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de homologaciones automáticas de la discapacidad implantado por la Xunta. En su intervención en el Parlamento, García defendió que esta medida ya benefició a más de 9.300 personas en lo que va de año y criticó que el Ejecutivo estatal pretenda reducir al 65% el reconocimiento automático que en Galicia alcanza el 100% para quienes cuentan con un grado 3 de dependencia.
La conselleira subrayó que el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), uno de los más demandados por las personas dependientes, es competencia municipal según la Ley de Servicios Sociales de Galicia de 2008. En este sentido, agradeció el esfuerzo de los ayuntamientos, pero recordó que la financiación debería ser compartida por el Estado, la Xunta y las corporaciones locales. Sin embargo, denunció que el Gobierno central “recorta año tras año” su aportación: del 40% en 2023 al 34% en 2024.
García aseguró que esta situación obliga a la Xunta y a los concellos a “duplicar esfuerzos”, motivo por el cual se está negociando con la Fegamp una nueva subida progresiva del precio de la hora del SAF durante la legislatura. Además, avanzó que la Xunta y la federación municipalista trabajan en la elaboración del primer protocolo de seguridad para las trabajadoras del SAF, con la colaboración del Instituto de Seguridad Laboral de Galicia.
La titular de Política Social insistió en reclamar al Ejecutivo central que cumpla con la Ley de Dependencia y aporte el 50% de la financiación, al tiempo que puso en valor el compromiso autonómico: solo en el último año, los presupuestos de dependencia crecieron un 12%, alcanzando los 600 millones de euros, de los cuales 140 millones se destinan a sufragar el SAF.

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, acusó esta semana al Gobierno central de “poner trabas” a la atención a la dependencia en Galicia, tras la aprobación del recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de homologaciones automáticas de la discapacidad implantado por la Xunta. En su intervención en el Parlamento, García defendió que esta medida ya benefició a más de 9.300 personas en lo que va de año y criticó que el Ejecutivo estatal pretenda reducir al 65% el reconocimiento automático que en Galicia alcanza el 100% para quienes cuentan con un grado 3 de dependencia.
La conselleira subrayó que el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), uno de los más demandados por las personas dependientes, es competencia municipal según la Ley de Servicios Sociales de Galicia de 2008. En este sentido, agradeció el esfuerzo de los ayuntamientos, pero recordó que la financiación debería ser compartida por el Estado, la Xunta y las corporaciones locales. Sin embargo, denunció que el Gobierno central “recorta año tras año” su aportación: del 40% en 2023 al 34% en 2024.
García aseguró que esta situación obliga a la Xunta y a los concellos a “duplicar esfuerzos”, motivo por el cual se está negociando con la Fegamp una nueva subida progresiva del precio de la hora del SAF durante la legislatura. Además, avanzó que la Xunta y la federación municipalista trabajan en la elaboración del primer protocolo de seguridad para las trabajadoras del SAF, con la colaboración del Instituto de Seguridad Laboral de Galicia.
La titular de Política Social insistió en reclamar al Ejecutivo central que cumpla con la Ley de Dependencia y aporte el 50% de la financiación, al tiempo que puso en valor el compromiso autonómico: solo en el último año, los presupuestos de dependencia crecieron un 12%, alcanzando los 600 millones de euros, de los cuales 140 millones se destinan a sufragar el SAF.
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