La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado esta semana la falta de transparencia de las grandes empresas españolas en la información sobre el uso del confirming, un instrumento financiero que afecta directamente a los plazos de pago a proveedores. Según un análisis de las memorias anuales de compañías cotizadas, muchas omiten detalles obligatorios sobre estos acuerdos, incumpliendo el Reglamento Europeo 2024/1317 y generando opacidad sobre su situación financiera real.

El estudio, que abarca sectores como la construcción, las telecomunicaciones y los servicios, detectó grandes diferencias en el nivel de detalle proporcionado. Mientras algunas empresas son transparentes, otras no mencionan siquiera estos mecanismos, impidiendo discernir si no los utilizan o simplemente no los revelan. Esta falta de uniformidad complica la comparación fiable de la salud financiera entre competidores y oculta riesgos significativos para inversores, auditores y supervisores.

Antoni Cañete, presidente de la PMcM, ha sido contundente: "El confirming no puede seguir utilizándose como un artificio contable para simular pagos ya efectuados. La transparencia no es opcional". La plataforma remitirá las conclusiones de su análisis a la Comisión Europea, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), la CNMV y otros organismos, exigiendo una acción inmediata que aclare cómo deben computarse estos acuerdos en el cálculo del Periodo Medio de Pago.

Esta opacidad se enmarca en un preocupante contexto de morosidad. Datos del Banco de España sitúan el plazo medio de pago entre empresas en 136 días durante el segundo semestre de 2024, muy por encima del límite legal de 60 días. Sectores como "Información y comunicaciones" alcanzaron medias de 252 días. Cañete alerta de que esta situación "impacta directamente en la liquidez de las pymes, reduce su capacidad de inversión y las hace más susceptibles frente a cualquier crisis económica".

La PMcM insta a implementar controles más estrictos y sanciones efectivas. Como solución práctica, propone que la información sobre plazos de pago se incorpore directamente a la facturación electrónica remitida a Hacienda, lo que permitiría un seguimiento real. Asimismo, reclama que las administraciones públicas paguen directamente a los subcontratistas, una medida pionera de la Generalitat que evita los retrasos de los contratistas principales y asegura el cobro de quienes ejecutan los trabajos.