La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha intensificado su ofensiva para acceder a la documentación del procedimiento de infracción que la Comisión Europea mantiene abierto contra España por la prórroga de la concesión de la AP-9. La parlamentaria gallega ha presentado una nueva pregunta formal a la CE solicitando acceso al expediente, tras denunciar ante la Defensora del Pueblo Europeo las dificultades para consultar información que afecta "directamente a los gallegos".

Miranda exige específicamente conocer la respuesta del Gobierno español al Dictamen motivado que Bruselas emitió el pasado 17 de julio, donde instaba a España a respetar las normas de contratación pública de la UE. "Es muy grave que la Comisión Europea impida el acceso a la documentación", denuncia la eurodiputada, quien recuerda que el procedimiento se inició en 2021 por la incompatibilidad de la prórroga de peajes hasta 2048 con la normativa comunitaria.

La concesión de la autopista del Atlántico, extendida por el PP en 2001, genera un conflicto que acumula años de controversia. Miranda fundamenta su petición en el "interés público" de una infraestructura que califica como "una de las más caras de Europa". La representante gallega sostiene que los ciudadanos "tenemos el derecho de saber qué está decidiendo la Comisión Europea y cuáles van a ser los plazos para que el Estado español cumpla".

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la eurodiputada para forzar la transparencia sobre el caso. Previamente ya había presentmultiple solicitudes a través del portal de transparencia de la UE y varias preguntas parlamentarias por escrito, argumentando que los gallegos necesitan conocer el futuro de una autopista que debería ser "libre y gratuita".

El procedimiento de infracción INFR(2021)4052 representa un pulso jurídico entre España y la UE que podría determinar el modelo de gestión de una infraestructura vital para la movilidad en Galicia, mientras los usuarios continúan pagando peajes que la eurodiputada considera injustificados.