La Comisión Mixta de Justicia entre la Xunta de Galicia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) evaluó esta semana el desarrollo de la Ley de eficiencia del servicio público de justicia, abordando tanto las actuaciones finalizadas como las previstas, centradas en la reorganización del personal y la adaptación tecnológica y física de las sedes judiciales.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, junto con el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, y el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, presidieron el encuentro. Según Calvo, Galicia ya completó la fase I en 38 de los 45 partidos judiciales de la comunidad y ha publicado las relaciones de puestos de trabajo de la fase III, que afecta a las sedes de las siete grandes ciudades, con fecha límite de implantación el 31 de diciembre para su entrada en funcionamiento el 2 de enero de 2026.

En el marco de estas actuaciones, se prevé reorganizar el personal durante octubre, instalar nueva señalización en todos los edificios judiciales y dotar de salas multiusos equipadas para declaraciones y videoconferencias. Además, se recopilará información sobre necesidades específicas de cada partido judicial para su análisis y adaptación tecnológica. Las aplicaciones ya se ajustaron a las exigencias de la fase I y se inicia la adecuación de la fase III.

Calvo destacó el esfuerzo económico asumido por la Xunta, ya que el Gobierno central no dotó recursos suficientes. La digitalización de oficinas implica un coste de 3,3 millones de euros, de los que Galicia recibió únicamente 1,1 millones, y la reorganización física de tribunales supera los cinco millones, financiados íntegramente con presupuesto autonómico.

La fase I de la normativa transformó las oficinas de justicia y los juzgados de paz, que desde el 1 de julio funcionan como oficinas de justicia del municipio, ampliando su catálogo de servicios y actuando como puerta de acceso a la Administración de Justicia. En Galicia, estas oficinas suman 268, ofreciendo servicios ampliados especialmente en localidades de menor población.

La fase III, que entrará en vigor a finales de año, reorganizará los tribunales de instancia en las siete ciudades gallegas, con secciones civiles, de instrucción, penales, sociales y contencioso-administrativas, así como otras especializadas en familia, infancia, capacidad, mercantil y violencia sobre la mujer e infancia. Asimismo, se constituirá la Secretaría de Gobierno como centro de destino propio, completando así la adaptación integral de la justicia en las grandes urbes gallegas.