Los pagos con tarjetas virtuales se consolidan como una de las formas más seguras para realizar transacciones, según destaca la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su más reciente análisis. La entidad subraya que estas herramientas, disponibles a través de aplicaciones como Google Wallet, Apple Pay o Samsung Pay, funcionan como una barrera de seguridad adicional frente a posibles fraudes.

La principal ventaja de este sistema radica en que la tarjeta virtual no puede extraviarse ni sustraerse físicamente, reduciendo significativamente el riesgo de uso fraudulento. Para realizar cualquier operación, el usuario debe superar un doble proceso de autenticación: desbloquear el móvil mediante huella, reconocimiento facial o contraseña, y en muchos casos, autenticar adicionalmente la operación a través de la entidad bancaria, especialmente en compras de mayor importe.

OCU señala que la flexibilidad de estas tarjetas permite optimizar aún más la seguridad. Muchas entidades permiten disponer de varias tarjetas virtuales para diferentes usos, pudiendo reservar la principal para compras habituales y utilizar las secundarias para suscripciones u operaciones específicas, con la posibilidad de bloquear selectivamente alguna de ellas sin afectar al resto. El nivel de protección alcanza su máximo con las tarjetas de un solo uso, que se autodestruyen tras su utilización, resultando ideales para compras en establecimientos de baja confianza.

En el aspecto económico, la organización confirma que muchas de estas tarjetas son gratuitas y algunas incluso permiten retirar dinero sin comisiones en cajeros varias veces al mes. El único coste posible corresponde a la solicitud de la versión física de plástico, que sigue siendo necesaria para ciertos servicios como alquiler de vehículos o reservas hoteleras que requieran fianzas, o para cajeros automáticos que aún no disponen de tecnología NFC.

OCU mantiene activa su campaña contra el phishing bancario y recuerda que, aunque la ley establece que los pagos no autorizados no deben ser asumidos por los usuarios, algunas entidades continúan culpabilizando indebidamente a los consumidores por supuestas negligencias en la protección de sus datos.