Galicia
La Xunta denuncia el abandono del Gobierno central en la cobertura de funcionarios locales clave
Galicia afronta 166 plazas vacantes de habilitados nacionales mientras Prieto anuncia más medidas autonómicas para paliar la "pasividad" estatal.
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha elevado al Parlamento gallego la preocupación por la situación crítica que viven los municipios gallegos ante la falta de funcionarios con habilitación nacional. Durante su intervención esta semana, Prieto censuró la "pasividad" del Gobierno central ante las 166 plazas vacantes que actualmente presentan las entidades locales gallegas.
La responsable autonómica desglosó los datos que reflejan la gravedad del problema: 53 entidades locales carecen de titular en las plazas reservadas de secretaría-intervención, y el 30% de los puestos reservados en las distintas subescalas permanecen sin cubrir. Esta situación afecta especialmente a los municipios pequeños, que representan el 64% del total en Galicia y dependen críticamente de estos profesionales para garantizar la legalidad y eficiencia de la gestión municipal.
Frente a esta realidad, Prieto destacó las medidas implementadas por la Xunta, entre las que figura la bolsa autonómica de interinos, una iniciativa pionera que cumple ocho años y que ha permitido cubrir cerca de 200 vacantes mediante 400 llamamientos. Esta herramienta evita a los concellos tener que realizar procesos selectivos individuales y asumir los costes que conllevan.
La directora general también subrayó el impulso a las agrupaciones de concellos para el sostenimiento común de estos puestos entre municipios de menor capacidad económica, de las que actualmente existen 13 en funcionamiento. Prieto insistió en que la Xunta "adoptará todas las medidas precisas" para suplir la falta de compromiso del Gobierno central y seguirá reivindicando "las veces que sean necesarias" una oferta de empleo público que incluya la totalidad de las plazas vacantes.
En otro orden de cosas, Prieto manifestó el rechazo de la Xunta a la cesión de competencias sobre habilitados al País Vasco y Cataluña, por considerar que "rompe este cuerpo nacional, crea diferencias no justificadas con otras comunidades autónomas y disminuye la independencia de estos funcionarios".

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha elevado al Parlamento gallego la preocupación por la situación crítica que viven los municipios gallegos ante la falta de funcionarios con habilitación nacional. Durante su intervención esta semana, Prieto censuró la "pasividad" del Gobierno central ante las 166 plazas vacantes que actualmente presentan las entidades locales gallegas.
La responsable autonómica desglosó los datos que reflejan la gravedad del problema: 53 entidades locales carecen de titular en las plazas reservadas de secretaría-intervención, y el 30% de los puestos reservados en las distintas subescalas permanecen sin cubrir. Esta situación afecta especialmente a los municipios pequeños, que representan el 64% del total en Galicia y dependen críticamente de estos profesionales para garantizar la legalidad y eficiencia de la gestión municipal.
Frente a esta realidad, Prieto destacó las medidas implementadas por la Xunta, entre las que figura la bolsa autonómica de interinos, una iniciativa pionera que cumple ocho años y que ha permitido cubrir cerca de 200 vacantes mediante 400 llamamientos. Esta herramienta evita a los concellos tener que realizar procesos selectivos individuales y asumir los costes que conllevan.
La directora general también subrayó el impulso a las agrupaciones de concellos para el sostenimiento común de estos puestos entre municipios de menor capacidad económica, de las que actualmente existen 13 en funcionamiento. Prieto insistió en que la Xunta "adoptará todas las medidas precisas" para suplir la falta de compromiso del Gobierno central y seguirá reivindicando "las veces que sean necesarias" una oferta de empleo público que incluya la totalidad de las plazas vacantes.
En otro orden de cosas, Prieto manifestó el rechazo de la Xunta a la cesión de competencias sobre habilitados al País Vasco y Cataluña, por considerar que "rompe este cuerpo nacional, crea diferencias no justificadas con otras comunidades autónomas y disminuye la independencia de estos funcionarios".
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