La polémica sobre la acogida de menores migrantes no acompañados en Galicia ha escalado esta semana con cruces de acusaciones entre administraciones y la intervención de Amnistía Internacional. La organización defensora de derechos humanos ha reclamado a la Xunta que destine recursos urgentes para garantizar una acogida digna, mientras el gobierno gallego denuncia que el Ejecutivo central está trasladando menores "por la puerta de atrás" sin la financiación correspondiente.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, avanzó esta semana que el Gobierno central trasladará de forma "inminente" a 15 menores migrantes a Santiago, sumándose a los 15 que llegaron recientemente a A Coruña. García afirmó haber tenido conocimiento "de forma extraoficial" de estos traslados, y denunció que la Xunta ya gestiona 24 expedientes de los 317 menores que, según su versión, "Pedro Sánchez y Puigdemont pactaron enviar a Galicia".

Esta situación ha llevado a Amnistía Internacional Galicia a remitir una carta abierta al presidente Alfonso Rueda y a la conselleira García reclamando "información pormenorizada" sobre cómo se concretará el compromiso de atención integral anunciado por la Xunta. La portavoz de la organización, Sara Prieto, valoró positivamente la condena del ataque con cócteles molotov al centro de Monforte, pero instó a "traducir esa condena en acciones concretas" para garantizar itinerarios de inclusión individualizados.

La Xunta se encuentra así en una encrucijada, obligada a gestionar la llegada progresiva de menores mientras se alinea con las demás comunidades autónomas gobernadas por el PP para reclamar al Gobierno central que "asuma la atención y financiación directa" de estos menores. Al mismo tiempo, Política Social ha confirmado que mantendrá abierto el centro de Monforte -actualmente en reparación- con personal de seguridad "inmediato", enviando un mensaje claro de que "no admitimos chantajes de violentos".

Amnistía Internacional, por su parte, ha trasladado siete recomendaciones específicas a la Xunta que incluyen garantizar programas educativos individualizados, acceso a salud mental especializada y mecanismos efectivos contra la discriminación. La organización insiste en que los presupuestos de 2026 deben incluir financiación suficiente para reforzar el modelo de acogida en centros pequeños y familias, alejándose del modelo de macrocentros que consideran perjudicial para la integración de los menores.