La comunidad gallega contará con el Observatorio Galego do Xogo, un organismo que se encargará del estudio, evaluación y seguimiento de las políticas en este sector tras la aprobación esta semana del decreto que regula su creación por el Consello de la Xunta. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacó que el objetivo fundamental de esta nueva entidad es "garantizar un modelo de xogo seguro e responsable" en Galicia.

La creación de este observatorio estaba recogida en la Lei reguladora dos xogos de Galicia de 2023, una norma que, según resaltó Calvo, situó a la comunidad "á vangarda lexislativa en España" y que actualmente "serve de modelo a outras autonomías". El ente proporcionará datos obxectivos e contrastables que permitirán adaptar las políticas públicas a las necesidades reales de la sociedad gallega.

Entre las funciones principales del Observatorio se encuentran la realización de propuestas y recomendaciones sobre normas y políticas públicas, la promoción de campañas de sensibilización y prevención de juego responsable, y el análisis y difusión de información sobre la situación del juego en Galicia. También realizará seguimiento de la normativa en materia de publicidad y fomentará el intercambio de información con instituciones nacionales e internacionales.

El pleno del Observatorio contará con una presidencia y varias vocalías en las que, respetando el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, estarán representadas las consellerías con competencias en seguridad, sanidad, juventud, educación, deportes y hacienda. También incluirá representantes de las tres universidades gallegas, del sector del juego, de asociaciones contra las adicciones y de las asociaciones de padres y madres.

Calvo subrayó que el Gobierno gallego quiere garantizar que el juego sea una actividad "responsable e con garantías", recordando que la ley gallega prioriza la prevención y protección de los usuarios, con especial atención a menores y colectivos vulnerables. La normativa prohíbe la concesión de créditos a usuarios, bonificaciones y partidas gratuitas, y establece un régimen muy estricto sobre publicidad, además de duplicar la distancia de los establecimientos de juego respecto a centros educativos y de rehabilitación.