Dos policías nacionales de las comisarías de Vigo y Tui han regresado a sus puestos de trabajo tras anularse judicialmente sus jubilaciones forzosas. Sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han estimado los recursos presentados por el sindicato JUPOL, declarando ilegal la decisión de la Dirección General de la Policía de apartar del servicio a ambos agentes.

La reincorporación se produce después de que los tribunales determinaran que el Ministerio del Interior vulneró derechos fundamentales de los funcionarios al proceder a su jubilación involuntaria. Ambos casos presentaban circunstancias similares: los agentes habían sido apartados del servicio tras bajas médicas, aunque se encontraban en proceso de recuperación e incluso habían retomado previamente sus funciones con normalidad.

El cumplimiento de las sentencias encontró importantes resistencias administrativas. Uno de los agentes permaneció casi dos años sin ser readmitido pese a contar con resolución judicial firme, mientras que el otro esperó diez meses para volver a su puesto. Este retraso ha generado importantes perjuicios económicos que la administración deberá ahora compensar.

La DGP se ve obligada a abonar la totalidad de los salarios no percibidos durante el tiempo de exclusión ilegal. En uno de los casos, el agente ya ha recibido 162.000 euros en concepto de liquidación, aunque mantiene abierta la reclamación de más de 8.000 euros adicionales por conceptos de turnos y vacaciones. El segundo funcionario, reintegrado a finales de septiembre, permanece a la espera del cálculo y pago de sus haberes.

Desde JUPOL, sindicato mayoritario en el Consejo de Policía, se denuncia que la Dirección General de la Policía mantiene una "doble vara de medir" en la gestión de incapacidades, optando en algunos casos por la "vía rápida" de la jubilación forzosa para reducir efectivos. Los dos agentes afectados desarrollan actualmente sus funciones con normalidad, demostrando según el sindicato que existían alternativas a su separación del servicio.

La organización sindical ha reiterado su compromiso de acudir a los tribunales cada vez que detecte vulneraciones de derechos laborales en el colectivo policial, subrayando que los derechos de los funcionarios "no son negociables" y que continuarán defendiendo a quienes velan por la seguridad ciudadana.