GALICIA
Se reducen los tiempos de tramitación de dependencia y discapacidad en Galicia
Galicia ha logrado acelerar la tramitación de expedientes de dependencia y discapacidad, reduciendo los tiempos de espera en un 10%, lo que supone 38 días menos, frente a un aumento del 4,5% en la media estatal, según informó la secretaria general técnica de la Consellería de Política Social e Igualdad, María Francisca Gómez, en el Parlamento de Galicia.
Entre enero y septiembre de 2025 se resolvieron favorablemente 63.425 expedientes, un incremento del 102% respecto al mismo periodo de 2024. La comunidad atiende actualmente a más de 88.000 dependientes, siendo la segunda que más ha incrementado la atención, a pesar de recibir también el mayor número de solicitudes.
En el ámbito de la discapacidad, se emitieron 42.849 expedientes positivos, más de 10.300 de ellos por homologación, evitando duplicidades en la valoración de las personas afectadas. Gómez lamentó que el Gobierno central impugnara ante el Tribunal Constitucional estas homologaciones, poniendo en riesgo derechos de los ciudadanos.
La secretaria general destacó que la reducción de tiempos y la mejora en la atención son fruto del Plan de choque, que incluye la simplificación de trámites, la creación de unidades de valoración más cercanas a la ciudadanía, la adaptación de sistemas informáticos y el refuerzo de personal.
El presupuesto destinado a atención directa a personas dependientes aumentó en 52 millones de euros, alcanzando los 700 millones en los primeros ocho meses del año. Sin embargo, Gómez criticó que la aportación del Gobierno central ha disminuido del 40% en 2023 al 34% en 2024, incumpliendo el compromiso legal de financiar el 50% del coste del sistema de dependencia.
Galicia fue la primera comunidad en adaptar su normativa al Real Decreto de reforma del sistema de dependencia de julio de 2023, evitando que la aplicación literal de la norma hubiera supuesto un aumento del 40% en el coste del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y de los centros de día para los dependientes, con un costo adicional de 80 millones de euros asumido por la Xunta.

Galicia ha logrado acelerar la tramitación de expedientes de dependencia y discapacidad, reduciendo los tiempos de espera en un 10%, lo que supone 38 días menos, frente a un aumento del 4,5% en la media estatal, según informó la secretaria general técnica de la Consellería de Política Social e Igualdad, María Francisca Gómez, en el Parlamento de Galicia.
Entre enero y septiembre de 2025 se resolvieron favorablemente 63.425 expedientes, un incremento del 102% respecto al mismo periodo de 2024. La comunidad atiende actualmente a más de 88.000 dependientes, siendo la segunda que más ha incrementado la atención, a pesar de recibir también el mayor número de solicitudes.
En el ámbito de la discapacidad, se emitieron 42.849 expedientes positivos, más de 10.300 de ellos por homologación, evitando duplicidades en la valoración de las personas afectadas. Gómez lamentó que el Gobierno central impugnara ante el Tribunal Constitucional estas homologaciones, poniendo en riesgo derechos de los ciudadanos.
La secretaria general destacó que la reducción de tiempos y la mejora en la atención son fruto del Plan de choque, que incluye la simplificación de trámites, la creación de unidades de valoración más cercanas a la ciudadanía, la adaptación de sistemas informáticos y el refuerzo de personal.
El presupuesto destinado a atención directa a personas dependientes aumentó en 52 millones de euros, alcanzando los 700 millones en los primeros ocho meses del año. Sin embargo, Gómez criticó que la aportación del Gobierno central ha disminuido del 40% en 2023 al 34% en 2024, incumpliendo el compromiso legal de financiar el 50% del coste del sistema de dependencia.
Galicia fue la primera comunidad en adaptar su normativa al Real Decreto de reforma del sistema de dependencia de julio de 2023, evitando que la aplicación literal de la norma hubiera supuesto un aumento del 40% en el coste del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y de los centros de día para los dependientes, con un costo adicional de 80 millones de euros asumido por la Xunta.
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