El caso de los 32 perros muertos por inanición en Badajoz ha reabierto el debate sobre la proporcionalidad de las penas en el Código Penal español. El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) exige esta semana al Gobierno de coalición que eleve las condenas por maltrato animal grave hasta los 10 años de prisión, una medida que equipararía estos delitos con algunos cometidos contra personas.

La legislación actual, reflejada en el artículo 337 del Código Penal, establece penas de 3 meses a un año de prisión por maltrato que cause lesiones, pudiendo llegar hasta 18 meses si el animal muere. Esta normativa, reformada en 2023 cuando los animales fueron reconocidos legalmente como "seres sintientes", permite que en la práctica muchos casos queden impunes al no superar los dos años de condena.

La comparativa con delitos contra personas revela la disparidad que PACMA busca corregir. Mientras el maltrato animal grave se sanciona con hasta 18 meses de cárcel, el maltrato ocasional en el ámbito familiar puede alcanzar los 3 años de prisión según el artículo 153. Incluso las lesiones leves a personas conllevan multas de solo 1 a 3 meses, según el artículo 147.

La propuesta de los animalistas situaría a España a la vanguardia europea en protección animal. Actualmente, Alemania contempla hasta 3 años de prisión por estos delitos; Reino Unido, 5 años según su Animal Welfare Act; y Francia, 2 años y 30.000 euros de multa. Los 10 años reclamados superarían ampliamente estos marcos legales.

"El caso de 'El Patilla', que mató a 32 perros de la forma más cruel, evidencia la impunidad actual", declaró Javier Luna, presidente de PACMA. "Necesitamos penas disuasorias reales. Quien maltrata hasta la muerte a 32 animales no puede eludir la cárcel por un techo penal insuficiente".

El debate sobre si equiparar el maltrato animal especialmente grave a delitos como las lesiones permanentes o algunos homicidios imprudentes divide a la comunidad jurídica. Mientras los animalistas argumentan que la crueldad extrema merece sanciones proporcionales, algunos sectores advierten sobre posibles desproporciones en el escalado penal. Lo cierto es que el caso de Badajoz ha puesto en evidencia las limitaciones de una ley que, pese a su reciente reforma, sigue dejando espacio para la impunidad en los casos más extremos de crueldad animal.