La normativa gallega sobre Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) vive un nuevo episodio de tensión entre la administración autonómica y las plataformas digitales. La Xunta ha remitido esta semana una comunicación oficial a todas las empresas del sector -incluidas Uber, Bolt y Cabify- recordándoles las obligaciones legales que deben cumplir para operar en Galicia, donde el servicio solo está autorizado entre municipios y nunca dentro de una misma ciudad.

La comunicación, enviada tanto a los titulares de autorizaciones como a las plataformas de intermediación, especifica requisitos estrictos que frecuentemente generan controversia: prohibición de cualquier signo externo identificativo en los vehículos, obligación de llevar a bordo una copia del contrato -que debe formalizarse con al menos 15 minutos de antelación- y remisión inmediata de la información del servicio al Registro de Comunicaciones de Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RCTV).

El recordatorio normativo llega acompañado de datos contundentes sobre el cumplimiento de la ley. Solo en lo que va de año, el Gobierno gallego ha remitido a los ayuntamientos cerca de 250 actas de infracción por servicios VTC prestados indebidamente en ámbito urbano, una competencia municipal. Santiago de Compostela (116) y A Coruña (112) concentran la mayoría de estas denuncias, seguidas de Vigo (17) y Culleredo (2).

La Xunta ejerce sus competencias sobre el transporte interurbano dentro de la comunidad, mientras que los trayectos urbanos corresponden a los concellos. Esta distribución de competencias explica por qué la inspección de transportes de la Dirección Xeral de Mobilidad deriva a los municipios las infracciones detectadas en cascos urbanos, ya sea por sus propios inspectores o por los boletines de denuncia de la Guardia Civil.

El conflicto regulatorio evidencia las tensiones no resueltas entre el modelo VTC y el taxi tradicional en Galicia. Mientras las plataformas digitales buscan maximizar su presencia en mercados urbanos, la administración autonómica insiste en que las autorizaciones que tramita -por delegación del Estado- son de ámbito nacional e interurbano, sin habilitar para recorridos dentro de una misma ciudad. Un pulso que parece lejos de resolverse.