La Xunta de Galicia ha presentado unas cuentas récord de 14.204 millones de euros para 2026 que priorizan la protección social en un contexto de reducción de fondos europeos. El gasto social alcanzará los 10.587 millones, representando un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior y consolidando a Sanidad y Educación como pilares fundamentales al concentrar dos tercios de todo el presupuesto autonómico.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destacó en el Parlamento gallego que el 99% del presupuesto se sustentará en financiación común, ante el descenso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que pasan de 488 millones en 2025 a 150 millones el próximo año. A pesar de esta reducción, el gasto no financiero crece en 263 millones, con aumentos significativos en Sanidad (213,5 millones), Política Social (67,4 millones) y Educación (43,8 millones).

Las medidas fiscales supondrán un alivio de 793 millones para las familias gallegas, con el 88% de estos beneficios dirigidos a políticas sociales. Entre las novedades destaca la eliminación del IRPF para las ayudas a afectados por ELA, exenciones para damnificados por incendios forestales y deducciones para material escolar. En vivienda, se amplía el límite para acceder a tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales de 200.000 a 240.000 euros, extendiendo este beneficio a familias monoparentales.

La distribución territorial refleja el compromiso con el reequilibrio: Lugo y Ourense recibirán la mayor inversión por habitante, con 5.754 y 5.699 euros respectivamente, frente a los 4.873 de A Coruña y 4.308 de Pontevedra. Los ayuntamientos contarán con 670 millones de financiación, la mayor aportación histórica de la Xunta, incluyendo un fondo de 59 millones para blindar la futura Ley de Administración Local.

El proyecto presupuestario llega en un contexto de crecimiento económico, con previsión de que el PIB gallego alcance el 2,5% en 2025 y la tasa de paro se sitúe en el 7,8% en 2026. Estas cuentas, que no contemplan nuevo endeudamiento por tercer año consecutivo, iniciarán ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de entrar en vigor el 1 de enero de 2026.