La Xunta de Galicia ha suscrito la Declaración de Sevilla, un acuerdo institucional junto a 12 comunidades autónomaspara reivindicar el valor del turismo como gran industria económica y expresar su preocupación por la política sectorial desarrollada por el Gobierno de España, así como por la inacción del Ministerio de Industria en decisiones clave que afectan a los destinos turísticos.

El documento se presentó en el marco del Foro Tourism Innovation Summit (TIS) de Regiones Turísticas Innovadoras, que se celebra estos días en Sevilla y en el que participa el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Según el director, la adhesión de Galicia busca “poner en valor el turismo como actividad que contribuye a la riqueza en Galicia y, desde la cooperación y responsabilidad compartida, rechazar de forma contundente la actitud del Gobierno de España que ataca y desprestigia al sector turístico”.

El documento, liderado por Andalucía, está también suscrito por Aragón, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Melilla y Murcia. Juntas, estas comunidades concentran alrededor del 70% del turismo nacional, acogen al 75% de los turistas internacionales y representan el 78% del tráfico aéreo del país.

El acuerdo propone un nuevo marco de colaboración y gestión para reforzar el liderazgo turístico español, reivindica el papel del turismo como industria estratégica, defiende su relevancia económica y marca la hoja de ruta hacia un modelo basado en sostenibilidad, calidad y competitividad. Asimismo, pone de relieve las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en turismo y denuncia la “ruptura de la lealtad institucional” por parte del Gobierno central, evidenciada por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023.

A través de esta declaración, Galicia también rechaza el discurso del Gobierno central que responsabiliza al turismo de problemas de vivienda cuya causa real es estructural y atribuible al fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y otros factores que requieren medidas decididas.