La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha activado todas las alarmas en Bruselas al presentar una denuncia formal contra la fiscalidad municipal de residuos en España. La organización asegura que numerosos consistorios –entre ellos capitales como Madrid, Oviedo o Santa Cruz de Tenerife– aplican un modelo de tasas que vulnera abiertamente la Directiva (UE) 2018/851 de residuos.

El corazón del conflicto reside en el incumplimiento sistemático del principio "quien contamina paga", piedra angular de la normativa europea. La transposición española mediante la Ley 7/2022 obligaba a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar tasas que reflejaran el coste real del servicio. Sin embargo, los estudios de la OCU revelan que ayuntamientos como los de Badajoz, Ciudad Real, Pontevedra o Zamora mantienen tarifas fijas generalizadas que no discriminan entre niveles de generación de residuos.

La situación adquiere especial gravedad en el caso de Madrid. La capital calcula su tasa combinando el valor catastral –"un criterio potencialmente discriminatorio", según la OCU– con datos de generación de residuos por barrios y calidad de la separación. Este sistema, aparentemente progresivo, genera "fuertes penalizaciones" en zonas donde se mezclan residuos residenciales con los de pisos turísticos o comercios, distorsionando por completo la relación entre el coste real del servicio y lo pagado por cada vecino.

La denuncia interpuesta ante la Comisión Europea solicita una evaluación exhaustiva de la transposición española y, en caso de detectarse incumplimientos, la apertura de un procedimiento sancionador. La OCU recuerda que los ciudadanos disponen de un mes para impugnar la liquidación municipal, mediante recurso de reposición ante la Agencia Tributaria local o directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal, sin necesidad de abogado en esta primera fase.

La organización subraya que esta batalla legal trasciende lo administrativo: se trata de defender un modelo de fiscalidad ambiental justa donde los vecinos no subsidien servicios que deberían financiarse en función del uso real. Mientras Bruselas estudia el caso, la OCU mantendrá la presión sobre las instituciones españolas para alinear las políticas locales con los objetivos de economía circular.