La defensa del Ingreso Mínimo Vital presentada por el Gobierno español ante el Comité Europeo de Derechos Sociales ha generado un contundente rechazo por parte de las organizaciones que denunciaron sus carencias. ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales calificaron de "insuficientes, inexactas y alejadas de la realidad social" las argumentaciones de la Abogacía General del Estado, que había definido la prestación como una medida "modélica, única en el mundo".

El conflicto se enmarca en la Reclamación Colectiva n.º 241/2024, donde las organizaciones sociales detallaron ocho fallos estructurales del IMV que el Estado no habría abordado en su respuesta. Entre estas deficiencias destacan la insuficiencia de las cuantías, la discontinuidad en el cobro, las limitaciones por edad y residencia legal, y el grave problema de los cobros indebidos que afecta a miles de familias.

Las organizaciones señalan que el escrito gubernamental elude responder sustancialmente a las denuncias de fondo y se limita a un "discurso triunfalista" sobre la técnica y magnitud del programa. Resulta "especialmente grave", según su análisis, el intento de diluir las obligaciones jurídicas derivadas de la Carta Social Europea confundiéndolas con compromisos políticos no vinculantes del Pilar Social Europeo.

La respuesta del Estado omite ofrecer evidencias sustantivas del cumplimiento de los artículos 13 y 30 de la Carta Social Europea, que garantizan el derecho a la asistencia social y a la protección contra la pobreza. Tampoco aporta explicaciones verificables sobre la adecuación de las cantidades o la continuidad real de las prestaciones, ignorando incluso las críticas de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales preparan ya su réplica oficial ante el Comité Europeo, que reforzarán con datos estadísticos, informes técnicos y testimonios directos que evidencien el incumplimiento de los estándares internacionales. Ambas entidades hacen un llamamiento a la sociedad civil y a las organizaciones aliadas para que contribuyan con sus propios informes y testimonios sobre el impacto real del IMV en las personas más vulnerables.

El procedimiento ante el Comité Europeo de Derechos Sociales se perfila como un examen crucial para las políticas de garantía de rentas en España, en un contexto donde la efectividad del IMV para reducir la pobreza sigue siendo cuestionada por evaluaciones independientes y por las propias personas destinatarias de la ayuda.