La Central Unitaria de Traballadoras (CUT) ha elevado la voz contra lo que define como una estrategia premeditada de flexibilidad laboral utilizada sistemáticamente para incrementar beneficios empresariales. Durante una asamblea general celebrada esta semana, el sindicato gallego expuso su análisis sobre las próximas paradas productivas y la sobreproducción prevista para noviembre, periodo en el que la empresa tiene programado trabajar seis de cada siete días.

La organización sindical señaló que esta situación se repite cíclicamente cada año, evidenciando lo que califican como una "falla de planificación deliberada" por parte de la dirección. Según la CUT, en lugar de asumir su responsabilidad organizativa, la empresa estaría descargando el peso de su descoordinación sobre la clase trabajadora mediante el uso de mecanismos de flexibilidad como la bolsa de horas y los ERTE.

La crítica se extiende también a las administraciones públicas, a las que acusa de complicidad por aprobar sistemáticamente estos expedientes de regulación temporal de empleo. El sindicato cuestiona el argumento de la "imprevisibilidad" que la empresa mantiene desde la pandemia, considerando que sirve como "coartada para seguir flexibilizando las relaciones laborales, deteriorar derechos y deslocalizar la carga de trabajo".

En paralelo a estas denuncias, la asamblea de la CUT aprobó formalmente el reglamento del Fondo de Solidariedade Obreira, un instrumento de apoyo destinado a trabajadoras de Stellantis que sean sancionadas con suspensión de empleo y sueldo. Este fondo garantiza un salario diario de 25 euros hasta un máximo de 30 días.

El encuentro también abordó la reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 5 respecto al protocolo de calor vigente en el centro de trabajo, que la CUT considera "claramente insuficiente" e incumplidor del Real Decreto en materia de prevención de riesgos laborales. El sindicato denuncia que la empresa prioriza la productividad sobre la salud del personal, manteniendo un sistema de aireación obsoleto sin realizar inversiones reales para mejorar las instalaciones.

El gabinete jurídico de la CUT ya ha formalizado el recurso correspondiente contra esta sentencia, por considerar que no garantiza adecuadamente la protección de la salud de las personas trabajadoras ni el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.