TikTok y Meta enfrentan sanciones millonarias tras las conclusiones preliminares de la Comisión Europea que las acusan de violar múltiples obligaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA). El organismo comunitario ha determinado esta semana que ambas compañías limitan deliberadamente el acceso de investigadores a datos públicos y complican los procedimientos para reportar contenidos ilegales.

La investigación revela que Facebook, Instagram y TikTok han establecido "procedimientos y herramientas gravosos" que dificultan el trabajo de los investigadores, proporcionándoles frecuentemente "datos parciales o poco confiables". Esta práctica limita la capacidad de analizar cómo afectan estas plataformas a la salud mental de los usuarios, especialmente de los menores.

En el caso de Meta, la Comisión señala deficiencias particularmente graves en los mecanismos de denuncia de contenidos ilícitos. Tanto Facebook como Instagram carecen de sistemas "fáciles de usar y de fácil acceso" para reportar material como abuso sexual infantil o contenidos terroristas, imponiendo "varios pasos innecesarios y demandas adicionales" a los usuarios.

La vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, subrayó que "nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La DSA hace de esto un deber, no una elección".

Las plataformas disponen ahora de un plazo para examinar la documentación de la investigación y presentar sus alegaciones por escrito. De confirmarse estas conclusiones preliminares, se enfrentan a multas de hasta el 6% de su facturación anual global, además de posibles sanciones coercitivas para obligarles al cumplimiento normativo.

El procedimiento se enmarca en la aplicación efectiva de la DSA, que desde su entrada en vigor busca garantizar mayor transparencia y protección a los usuarios europeos. La Comisión mantiene abiertas otras líneas de investigación contra ambas compañías por posibles incumplimientos adicionales de la legislación comunitaria.