La justicia gallega ha dado un vuelco al contencioso judicial del concierto de Guns N’ Roses en Vigo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso del Concello de Vigo y lo ha eximido de abonar los más de 1,5 millones de euros a los que había sido condenado en primera instancia a favor de la promotora Sweet Nocturna.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha revocado la sentencia previa, declarando conforme a derecho el acuerdo municipal que declaró desierto el procedimiento de licitación. Los magistrados sostienen que la exclusión de la única empresa licitadora fue “motivada y ajustada a los pliegos”, que la propia compañía aceptó al presentar su oferta.

El fallo detalla que la tramitación “no pasó de la apertura del sobre A” y que la Mesa de Contratación, en uso de sus facultades, concluyó que Sweet Nocturna “no había demostrado capacidad para licitar” al incumplir las exigencias establecidas. Al ser la única ofertante y resultar excluida, la declaración de desierto del expediente era, según el tribunal, la única salida posible para la administración.

La sentencia es contundente al señalar que la promotora dispuso de vías para impugnar los pliegos si no estaba de acuerdo, pero “no hizo uso de ninguna de ellas”, permitiendo que los documentos de la contratación ganaran firmeza. El TSXG reconoce que la actuación municipal pudo merecer “reproches” y evidenciar una “evidente descoordinación” entre departamentos, pero subraya que ello no basta para condenar al pago.

“Los tratos previos a la contratación no vinculan a la Administración en materia de contratación pública”, afirma el texto, añadiendo que la licitadora “no puede invocar la vulneración de los principios de buena fe, seguridad jurídica o confianza legítima” tras aceptar voluntariamente y sin reservas las bases de la licitación.

Reacción política y posibles consecuencias

Tras conocerse la resolución, el BNG realizó una primera valoración. El grupo nacionalista celebró que la decisión judicial pueda evitar que “a xestión irresponsábel e irregular do executivo de Abel Caballero acabe custándolle ás viguesas e vigueses case 2 millóns de euros”. No obstante, incidió en que el fallo “non contradí a existencia de prácticas irregulares” y confirmaría la existencia de una “vida negocional previa” entre el gobierno local y las promotoras.

Por ello, desde la oposición reiteraron la petición de que la máxima responsable del área de Contratación, Patricia Rodríguez Calviño, asuma sus responsabilidades políticas y cese en su cargo. Asimismo, exigieron el reforzamiento de los mecanismos de control y la creación de una Comisión de Vixilancia da Contratación y una Oficina Municipal Anticorrupción.

La sentencia del TSXG no es firme, ya que cabe la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que el litigio podría prolongarse.