La implantación de una tasa turística de 1 euro por noche para todos los visitantes que pernocten en Redondela ha desatado un conflicto abierto entre el Concello y el sector empresarial local. La Asociación de Empresas de Redondela ha expresado su "profunda sorpresa" ante una medida que, aseguran, se ha implementado sin ningún tipo de consulta previa.

La polémica surgió esta semana tras la aprobación de la ordenanza municipal, un movimiento que el colectivo empresarial califica de autoritario y lesivo para la competitividad del sector. La asociación, que agrupa a la gran mayoría de las empresas turísticas del municipio, reclama al gobierno local que reconsidere su decisión de inmediato.

"Es imprescindible que se escoiten todas as voces implicadas e que se avalíen con rigor os posibles efectos desta taxa sobre o turismo, o comercio e o emprego", sostiene la organización en un comunicado oficial. La falta de transparencia en el proceso y la ausencia de estudios de impacto económico previos centran las críticas de los empresarios.

La medida, que afectaría directamente a establecimientos de alojamiento y actividades complementarias, llega en un momento de especial sensibilidad para el sector, que busca recuperar su dinamismo tras las crisis recientes. Los empresarios advierten de que cualquier imposición adicional podría disuadir a un turismo cada vez más consciente de los costes.

Como primera acción de protesta, la asociación ha anunciado la convocatoria de una reunión de emergencia con todos sus afiliados para analizar la situación y coordinar una respuesta unificada. El objetivo declarado es "colaborar na busca de solucións que contribúan ao desenvolvemento sostible do turismo en Redondela", pero siempre desde lo que definen como "consenso e respecto institucional".

El conflicto pone de manifiesto las tensiones entre las administraciones locales y los sectores económicos en la búsqueda de nuevas vías de financiación. Mientras el Concello ve en la tasa una fuente de ingresos para proyectos municipales, los empresarios insisten en que cualquier medida debe contar con el aval de quienes la van a aplicar directamente y sufragar sus posibles consecuencias.