La Consellería do Medio Rural ha reactivado desde este jueves el sistema de comunicaciones para quemas agrícolas y las solicitudes de autorización para quemas de restos forestales amontonados. Esta medida permitirá a los particulares realizar quemas controladas a partir del viernes 7 de noviembre, siempre que efectúen la notificación con la antelación requerida de dos días hábiles.

Los interesados en realizar quemas agrícolas deberán confirmar que se trata de "quema correspondiente a paja y/o material natural, agrícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y/o ganaderas". Este trámite puede realizarse tanto a través de la web específica de la consellería como mediante llamada al teléfono 012, donde deberán especificar igualmente la naturaleza de la quema.

Para las quemas de restos forestales amontonados, que conllevan mayor riesgo, sigue siendo obligatoria la autorización administrativa previa. Este procedimiento más estricto busca garantizar las condiciones de seguridad necesarias para operaciones que presentan un potencial peligro superior al de las simples quemas agrícolas.

Tanto las comunicaciones como las autorizaciones dejarán de tener validez en días con condiciones meteorológicas adversas, específicamente cuando se registren vientos fuertes y altas temperaturas. Esta medida de precaución forma parte de la estrategia de prevención de incendios forestales que recoge la legislación gallega.

La reactivación de este servicio se produce en el marco del artículo 34 de la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que establece los requisitos para la realización de quemas controladas. El sistema, disponible en días laborables, busca equilibrar las necesidades del sector agroganadero con la protección del medio ambiente y la seguridad ante incendios.

La posibilidad de realizar estos trámites tanto por vía telemática como telefónica facilita el acceso al sistema, especialmente en las zonas rurales donde estas prácticas son más frecuentes, asegurando al mismo tiempo el control administrativo sobre las actividades de quema en el territorio gallego.