El Parlamento de Galicia ha aprobado esta semana una proposición no de ley del Grupo Popular que solicita al Gobierno de España la derogación de la obligación de que los concellos repercutan el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos directamente en los ciudadanos. La iniciativa plantea la creación de un sistema flexible de financiación que permita a los municipios cubrir este servicio mediante sus presupuestos o modelos mixtos, además de generalizar bonificaciones sociales para colectivos vulnerables.

La diputada popular Loli Hermelo defendió durante el debate que el objetivo de esta propuesta es "defender a Galicia e aos galegos ante decisións que, tomadas lonxe, teñen consecuencias directas nas nosas vilas, nas nosas parroquias e na economía das familias galegas". Calificó la ley estatal como "inxusta, antisocial e centralista" por imponer la obligación de trasladar íntegramente los costes a los ciudadanos.

Hermelo criticó que la normativa obliga a cada concello a crear "un sistema de recadación específico e confiscatorio cos custes engadidos, e todo ilo que o paguen os galegos". La parlamentaria popular destacó que esta ley "é especialmente nociva para os concellos rurais, que soportan unha recollida do lixo máis cara debido á dispersión da súa poboación", un factor que en su opinión no fue considerado en el diseño de la legislación.

La iniciativa aprobada incluye también la petición de un Plan Nacional de Infraestruturas para a Economía Circular que estaría cofinanciado con fondos europeos. Este plan tendría como objetivo mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos sin necesidad de trasladar todo el coste directamente al ciudadano, mediante la modernización de las infraestructuras existentes.

Durante su intervención, Hermelo acusó al PSOE y al BNG de apoyar lo que denominó un "ecoloxismo de hipocrisía", argumentando que la ley actual "non se destina un só recurso á educación ambiental nin á reciclaxe industrial". La diputada popular lamentó que España adoptara esta medida "de xeito voluntario porque así o decidiu Pedro Sánchez, negando aos concellos a posibilidade de cofinanciar o servizo de recollida do lixo nin establecer bonificacións para os colectivos vulnerables".

La proposición no de ley busca abrir un debate sobre la financiación de la gestión de residuos en los municipios, especialmente aquellos con características rurales donde los costes de recogida son más elevados debido a la dispersión de la población. El texto argumenta que la ley estatal actual no previó fondos de compensación para estas situaciones particulares.