La directora general de Promoción de la Igualdad, María Quintiana, denunció esta semana en el Parlamento gallego que el Gobierno central está penalizando a las comunidades autónomas con un recorte en la financiación del Plan Corresponsables, lo que, según advirtió, se traduce en una reducción de las políticas de igualdad y conciliación.

Quintiana recordó que a mediados de este año el Consejo de Ministros aprobó una disminución del 25% en su aportación al plan, lo que supone una rebaja de casi 50 millones de euros respecto al ejercicio anterior. En consecuencia, la dotación estatal destinada a la corresponsabilidad y la conciliación pasó de 190 millones a 142,5 millones de euros.

Según explicó la responsable autonómica, esta decisión ha tenido un impacto directo en Galicia, que ha perdido 2,3 millones de euros previamente comprometidos para financiar tres líneas de ayudas dirigidas a concellos, entidades de iniciativa social y ANPAS, justo cuando las convocatorias estaban próximas a resolverse.

María Quintiana lamentó además que el Ejecutivo central haya modificado el modelo de financiación de estos fondos, que desde 2021 se distribuyen entre las comunidades autónomas, alterando —dijo— “las reglas del juego a mitad del ejercicio”, cuando los presupuestos autonómicos ya estaban aprobados.

La Xunta insiste en que esta reducción sobrecarga a las comunidades autónomas, que deben asumir con sus propios recursos programas esenciales para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.