El director general de Justicia, José Tronchoni, detalló hace unos días en el Parlamento de Galicia las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años para mejorar las dependencias judiciales de la comunidad, que han supuesto una inversión total de 129 millones de euros, la cifra más alta destinada a la Administración de Justicia en Galicia.

Estas actuaciones forman parte del compromiso del Gobierno gallego con la accesibilidad de los edificios judiciales —tanto nuevos como antiguos— y con la eficiencia energética, con el objetivo de contar con infraestructuras más sostenibles, funcionales y modernas.

Entre las obras en ejecución, Tronchoni destacó la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago de Compostela, que cuenta con una inversión de 7,4 millones de euros. El edificio, de más de 3.100 metros cuadrados de superficie útil, estará dividido en dos alas separadas por una zona verde y distribuidas en tres plantas, además de un sótano y un archivo.

Asimismo, están a punto de concluir las reformas del Imelga y del juzgado de guardia del antiguo edificio judicial de A Parda, en Pontevedra, con una inversión de 300.000 euros. También recordó que este año se inauguraron los nuevos juzgados de A Estrada, dotados con 3,3 millones de euros, cuyo traslado comenzará en noviembre.

A estas actuaciones se suman los proyectos de eficiencia energética cofinanciados con fondos europeos Feder, actualmente en marcha en los tribunales de instancia de O Carballiño, O Porriño y Carballo, con una inversión conjunta de 1,5 millones de euros. Además, están previstas obras similares en los juzgados de Caldas de Reis (1,2 M€)y Monforte de Lemos (409.200 €), ya en fase de licitación para iniciarse el próximo año.

Estas mejoras se enmarcan en los 5,6 millones de euros recogidos en los presupuestos del año pasado para ejecutar proyectos de eficiencia energética en casi una decena de sedes judiciales, a los que se suman otros 4,9 millones en las cuentas actuales para nuevas actuaciones en los juzgados de Viveiro, Vilalba, Corcubión, A Coruña, Betanzos y Ferrol.

Paralelamente, la Xunta trabaja en la rehabilitación y adaptación de espacios derivada de la implantación de la nueva oficina judicial, vinculada a la Ley de Eficiencia Organizativa, con el fin de optimizar la distribución del personal y los recursos.

Implantación de la plataforma Atenea

En otra intervención parlamentaria, Tronchoni reclamó al Ministerio de Justicia el mismo nivel de implicación que está mostrando la Xunta para que la nueva plataforma de gestión procesal Atenea esté disponible también en gallego.

El director general subrayó la disposición del Gobierno gallego para asumir la traducción del programa dentro de un plazo que garantice su disponibilidad desde el momento de su implantación. Sin embargo, lamentó que el Ejecutivo central no haya facilitado la información técnica necesaria sobre la estructura y fuentes del nuevo sistema, lo que impide adaptar la herramienta al idioma gallego hasta la firma de los convenios pendientes con el Ministerio.

Tronchoni también criticó el retraso en la ejecución del sistema, ya que el Gobierno central no contempla su implantación en la fase III de la nueva oficina judicial, lo que impedirá que esté operativo antes de final de año.

El nuevo sistema Atenea destaca por su capacidad para gestionar documentación y tramitación procesal en gallego y castellano, a diferencia de su predecesor, Minerva. Según el acuerdo previsto, el Ministerio se encargaría de la transferencia de las soluciones tecnológicas, mientras que la Xunta asumiría la traducción de la interfaz y la adaptación de los esquemas jurídicos que permitan el uso del sistema en lengua gallega.